Una de las iniciativas emprendidas por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, en relación con el reto demográfico, es plantear Castilla y León como una tierra de vida y territorio de acogida. La Comunidad es la segunda del país con una tasa de natalidad más baja, la tercera más envejecida y la segunda con mayor esperanza de vida. En este contexto, apunta Francisco Igea en su misiva al ministro Escrivá, “la inmigración ha supuesto una tabla de salvación para nuestra Comunidad en los últimos años”. A este respecto ha de recordarse que, según el Instituto Nacional de Estadística, en Castilla y León se encuentran registradas aproximadamente 150.000 personas extranjeras, lo que representa un incremento del 12 % en relación con los últimos datos definitivos a 1 de enero de 2018.
Igea también expone al ministro Escrivá la consideración, por parte de la Junta de Castilla y León, de que “el colectivo de los extranjeros inmigrantes resulta en muchos casos fundamental y esperanzador para evitar la despoblación y el aislamiento de la mayoría de municipios, para garantizar el mantenimiento de unos servicios públicos y, también y muy particularmente, privados, que lógicamente están guiados por criterios de rentabilidad; unos servicios que, al final, repercuten en la calidad de vida de toda la población”.
Desde el Gobierno castellano y leonés se apremia al Gobierno de España a mejorar la coordinación de las políticas migratorias con el objetivo de atender a las necesidades de las personas -en primer lugar- y también de municipios y territorios en riesgo grave de despoblación como los de Castilla y León “donde la llegada de personas inmigrantes es sinónimo de riqueza y prosperidad, siendo evidente que en una Comunidad como la nuestra nadie se queda o viene por disponer de servicios públicos, sino por tener o aspirar a tener un proyecto de vida”, manifiesta el vicepresidente Igea.
En representación de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente plantea expresamente en su carta que se articulen “soluciones prácticas y reales” que posibiliten que aquellas familias que en la actualidad están arraigadas en Castilla y León o se encuentran en proceso de arraigo -y en especial en los municipios más pequeños- no vean truncado su proyecto de vida “por interpretaciones legales, limitaciones regulatorias o prácticas burocráticas que impidan su inclusión plena”.
La mayor urgencia, indica Francisco Igea, es la privación del acceso al mercado de trabajo de las personas solicitantes de asilo que han visto denegada su solicitud por parte del Ministerio del Interior, pero que se encuentran pendientes de recurso ante una segunda instancia (administrativa o judicial), no solo no es oportuna, sino que incluso puede ser contraria a la normativa comunitaria (art. 2 y 15 Directiva de Acogida y STJUE C.181-2016, de 19 de junio). Enfatiza el vicepresidente que “esta privación de derechos (autorización para trabajar, prestación de desempleo, acceso a servicios y prestaciones de empleo, etc.) empuja a este colectivo a la exclusión social, obligando a personas que no pueden ser expulsadas a depender de programas sociales públicos y/o privados, forzando a caer en la economía sumergida e ilegal, imposibilitando concluir los esfuerzos realizados para su inclusión por parte incluso del propio Ministerio, pues son numerosas las familias atendidas por el sistema de acogida oficial y lo que ello supone de coste para las arcas públicas”.
En consecuencia, el vicepresidente y consejero de la Junta reclama “directrices ministeriales de interpretación” para mantener los derechos de los solicitantes de asilo pendientes de recurso, en lo que se refiere al empleo y el mercado de trabajo. Igea también expone que el problema planteado podría ser resuelto considerando que una solución de este tipo supondría un ahorro sustancial de fondos públicos, se producirían más empleos, más cotizaciones y servicios públicos en el medio rural.
Otra de las cuestiones referidas en la carta remitida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son las circunstancias en las que se hallan las personas cuya solicitud de asilo ha sido denegada de forma definitiva ya que existe una elevada rigidez para regularizar su situación: períodos largos de permanencia continuada (dos a tres años), requisitos excesivos ligados al empleo, ahora agravados por la situación económica que sufre el país. En relación con ello, Francisco Igea demanda que la Secretaría de Estado de Migraciones –por su capacidad y competencia- resuelva autorizaciones individuales de residencia y trabajo que facilitarían el asentamiento de nuevas familias en el medio rural castellano y leonés, y que podrían vincularse a itinerarios de inclusión e inserción socio-laboral en municipios despoblados cuyo seguimiento y superación habilitaría para la concesión de estos permisos e, incluso para solicitar permisos por arraigo social tradicional, independientemente del tiempo de estancia en el país.
Aunar política migratoria y despoblación como cuestión de Estado
El vicepresidente y consejero Francisco Igea también firma en su carta que “aunar política migratoria y despoblación debe considerarse una cuestión de Estado, particularmente en este momento de apremiante necesidad en el contexto de crisis causado por la pandemia de la Covid-19”. En consecuencia con este planteamiento, “el Gobierno en su conjunto, con el adecuado consenso entre las comunidades autónomas, debe caminar en una senda común facilitando que las personas que tengan un proyecto de vida en nuestros despoblados municipios, obtengan todas las facilidades posibles”.
Asimismo, desde Castilla y León se traslada al Gobierno de España que dentro de la estrategia de recuperación económica del país, y de forma similar a la regularización planteada por Italia en esta primavera, cabría una regularización ad-hoc de las personas en situación irregular residentes previamente durante algún determinado período en regiones en riesgo de despoblación y de forma consensuada con las comunidades autónomas interesadas, vinculando la duración de estos permisos excepcionales a su arraigo en el territorio; e incluso, más allá, mediante la creación de un nueva figura reglamentaria de circunstancia excepcional por arraigo que facilite el establecimiento de familias en municipios despoblados mediante la concesión de permisos ligados al territorio, con tiempos de permanencia continuada más reducidos, de carácter grupal o colectivo para unidades familiares completas, y vinculado al empadronamiento en un conjunto de municipios determinados afectados por la despoblación, e incluso contando con informe favorable del ayuntamiento de residencia de la familia interesada.
