El Ministerio del Interior mantiene abiertas las negociaciones con los sindicatos profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil para mejorar las condiciones de jubilación de los agentes acogidos al Régimen de Clases Pasivas. Una negociación que ha provocado el rechazo de CCOO por desarrollarse de manera específica con estos dos cuerpos y al margen de la mesa de trabajo sobre Clases Pasivas del Ministerio de Función Pública.
La organización sindical no cuestiona que policías nacionales y guardias civiles puedan mejorar sus pensiones, pero reclama que cualquier modificación que afecte a la estructura del régimen se aborde de forma general y alcance también al resto de empleados públicos incluidos en Clases Pasivas.
El régimen engloba fundamentalmente a funcionarios que ingresaron en la Administración antes del 1 de enero de 2011, entre ellos personal de la Administración General del Estado, Administración de Justicia, militares, empleados de las Cortes Generales y otros órganos constitucionales, además de determinados funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. Quienes accedieron al sistema con posterioridad a esa fecha quedaron integrados en el Régimen General de la Seguridad Social.
Una mejora de los haberes reguladores
Uno de los principales puntos de la reivindicación sindical se encuentra en los denominados haberes reguladores, que son la referencia utilizada para calcular las pensiones de los funcionarios de Clases Pasivas.
Los sindicatos sostienen que estos haberes han evolucionado por debajo del incremento experimentado por las retribuciones de los empleados públicos, provocando una pérdida de poder adquisitivo cuando estos acceden a la jubilación.
En este contexto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han informado de que Interior les ha planteado una propuesta que supondría una mejora significativa para determinados grupos.
Según ambas organizaciones, los funcionarios del grupo C1 podrían alcanzar una pensión de aproximadamente 39.000 euros anuales, mientras que los pertenecientes al grupo A2 llegarían a la pensión máxima.
La negociación contempla además la posibilidad de extender a policías nacionales y guardias civiles integrados en el Régimen General de la Seguridad Social la jubilación anticipada por penosidad sin penalizaciones, en términos similares a los que ya disfrutan las policías locales.
SUP y AUGC aseguran que las conversaciones avanzan “a buen ritmo” y que el próximo encuentro, previsto para el 11 de noviembre, podría situar la negociación en su fase final.
CCOO reclama una negociación para todos
La propuesta ha generado preocupación en CCOO, que considera que una modificación de los elementos estructurales de Clases Pasivas no debería negociarse exclusivamente para un colectivo concreto.
“Lo que consideramos absolutamente inadmisible es que el Gobierno aborde de manera bilateral y sectorial esta cuestión con un solo colectivo, ya que afecta a todo el personal sujeto al régimen de clases pasivas”, sostiene el sindicato.
CCOO ha remitido un escrito al Ministerio de Función Pública para reclamar que cualquier modificación de este régimen sea negociada dentro del grupo de trabajo específico sobre Clases Pasivas, constituido el pasado 3 de julio.
La organización recuerda que esta mesa debía haberse reunido nuevamente a mediados de septiembre, algo que, según denuncia, todavía no se habría producido.
Desde CCOO reclaman que la mejora de los haberes reguladores se aplique también a otros colectivos de funcionarios, entre ellos los trabajadores de la Administración de Justicia, la Administración General del Estado, el sector docente o el sector postal.
“No lo queremos paralizar para policías nacionales y guardias civiles, faltaría más. Pero pedimos que se haga en paralelo a todos los trabajadores de Clases Pasivas”, ha señalado Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO.
Interior mantiene la máxima discreción
Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado la existencia de las negociaciones con las organizaciones profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil, aunque han evitado pronunciarse sobre los detalles de la propuesta.
Desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska señalan que las conversaciones se desarrollan con “máxima discreción” y que no se dará a conocer su contenido hasta alcanzar, en su caso, un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
Por su parte, el Ministerio de Función Pública tampoco ha concretado cuándo volverá a reunirse el grupo de trabajo sobre Clases Pasivas. El departamento de Óscar López recuerda, no obstante, que el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público, firmado con las organizaciones sindicales y con una vigencia de cuatro años, contempla analizar y evaluar el régimen de Clases Pasivas respecto a los estándares existentes en el Régimen General de la Seguridad Social.
