Según IU de Castilla y León, “es inadmisible que los ratios de personal de enfermería para residencias geriátricas esté en una persona por cada 225 pacientes”. La falta de previsión de la Junta, la precarización del empleo, junto con una flexibilización del Reglamento de geriatría que favorece a las empresas, y que actualmente está impugnado, está detrás de estos ratios que nos sitúan en la cola de Europa.”
Carmen Franganillo, portavoz del área de salud de IUCyL expone que “este problema ya se planteó en las Cortes en la anterior legislatura, y que no fue tenido en cuenta por el Partido Popular, ni tampoco parece ser una prioridad para la actual ejecutiva. La consejería de Sanidad no plantea soluciones a un problema de salud pública, como es la falta de profesionales de enfermería y TCAE, vinculada directamente con la supervivencia de las personas hospitalizadas, como ejemplo de su importancia”. “En la actualidad, hay planteada una Iniciativa Legislativa Popular ante el Congreso de los Diputados por parte del sindicato SATSE. Dicha ILP ha cumplido todos los plazos y requisitos que la fórmula jurídica exige, y dada la nula rapidez en las Conversaciones para conformar Gobierno por parte del PSOE, así como la disolución de Las Cortes Generales, hace que la tramitación de la misma se retrase durante al menos otros cinco meses. Castilla y León no puede ser, una vez más, una Comunidad de tercera, y presentar una ratio de pacientes /enfermero/a que supere al doble de la media nacional". “Por ello nos comprometemos a presentar esta medida ante nuestros órganos e incluirla en nuestros programas.”
Para IU, es especialmente llamativa la precarización del empleo en el ámbito de la geriatría, sector que cada vez adquiere mayor importancia en nuestra CCAA dado el envejecimiento de la población. Éste hecho, vinculado a la feminización del sector, aumenta la presión sobre las trabajadoras, hecho que tampoco se ve traducido en mayores salarios, sino todo lo contrario, lo que hace que las profesionales huyan tanto del sector como de la CCAA, lo que plantea un problema grave para encontrar personal cualificado. Ante esta problemática, la Junta no sólo no aporta soluciones, sino que favorece mediante el Reglamento de geriatría la menor contratación y la desatención de nuestros mayores. Las empresas, principalmente, está supliendo el trabajo del personal de enfermería con auxiliares, cuidadoras y gerocultores, lo que supone, además de la falta de atención, intrusismo laboral y falta de garantías, además de que recae una responsabilidad sobre otras trabajadoras que no les corresponde, como la administración de medicamentos.
La Consejería de familia e igualdad de CyL ha declarado que seguirá adelante con el modelo a pesar de los cuatro recursos presentados por el Sindicato SATSE, los colegios de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales y un particular, y a pesar, también de la denegación de un primer recurso de la Junta por parte del Tribunal Supremo, que ha dado la razón a SATSE. Además, el personal de TCAE necesita una nueva normativa, dado que sus funciones no están bien reglamentadas, basándose en una norma preconstitucional, algo que está siendo reivindicado por plataformas de trabajadoras organizadas a nivel estatal, junto con el reconocimiento de la categoría C1.”
Según Carmen Franganillo, “la ratio de enfermería en Castilla y León, de 4,31/1000 habitantes, se encuentra muy lejos de la media de países europeos, de 8,8/1000 habitantes. Lo que nos sitúa en ratios similares a países en vía de desarrollo y por debajo de la media española. Para alcanzar esta media, se necesitan 4.654 profesionales más en Castilla y León. Como dato, Por cada 10% más de dotación de enfermeras se reduce un 7% la mortalidad en pacientes hospitalizados.”
Izquierda Unida de Castilla y León, ante esta situación, exige un compromiso por parte de la Junta, y de las consejerías de familia y de sanidad para solucionar este problema. “No podemos continuar a la cola de Europa en algo tan fundamental y que afecta tanto a los cuidados como a la salud. Nuestra CCAA, con una importante tasa de envejecimiento de la población no puede permitirse seguir echando profesionales de la salud hacia otros territorios, como también pasa con el personal médico.”
