El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, se acogió este lunes a su derecho a no declarar como investigado por la presunta financiación ilegal de su formación durante las primarias de 2017. Tampoco lo hizo el PP como persona jurídica, que envió a una representante desde Madrid, argumentando en ambos casos que existe un recurso interpuesto en la Audiencia Provincial que no está resuelto.
Iglesias no acudió a la plaza de Colón de Salamanca, donde estaba prevista su declaración ante el Juzgado de Instrucción número dos de la capital salmantina, alegando haber sido vacunado en las horas previas con la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Un extremo que, según Francisco Martín del Río, el abogado de la acusación particular ejercida por Foro de Izquierdas-Los Verdes se trata de “una triquiñuela par no dar la cara”.
La siguiente fecha señalada en el calendario de la causa es el 3 de marzo, cuando está prevista la declaración de la gerente del PP de Salamanca, Isabel Sánchez, quien estaba también llamada este lunes, pero solicitó previamente su aplazamiento por causas médicas debidamente argumentadas, según reconoció la parte contraria. Hasta entonces, “lo normal” sería que la causa estuviera paralizada, en palabras de Martín del Río.
El auto de la Audiencia Provincial considera la presunta comisión de un delito de financiación ilegal, aunque la acusación particular aprecia asimismo blanqueo de capitales. También se deberá dirimir durante el procedimiento si las donaciones realizadas al partido para solventar las cuotas impagadas de algunos afiliados fueron finalistas o anónimas.
En cualquier caso, para el abogado de la acusación particular, el Partido Popular “no tiene salida”. “El auto está hoy lo suficientemente motivado para ser juzgado y, a mi modo de ver, que sean condenados, porque trabajo que ha hecho el juzgado ha sido minucioso y han declarado cerca de 60 personas con gravísimas contradicciones”, valoró el letrado este lunes a la puerta de los Juzgados de Salamanca.
La acusación particular, eso sí, volvió a solicitar la comparecencia del presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como de otras 27 personas. Según el abogado, habría dos justificantes bancarios de extracción de dinero efectivo que demostrarían, supuestamente, su participación en la presunta financiación ilegal del partido. La acusación tiene en cuenta además, que es “el mayor beneficiario” de la operación, pues se impuso en los comicios internos del partido.
