La promulgación en el ámbito estatal de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado ha dado lugar a una revisión y actualización de conceptos, fines y formas de ejercicio de la acción voluntaria, al objeto de adaptar su regulación, no sólo a una nueva realidad social, sino también a las nuevas exigencias de desarrollo de actividades de voluntariado. Esto hizo que Castilla y León considerara modificar su Ley de Voluntariado de octubre de 2006 para adaptarla al marco normativo estatal, facilitando con ello, una adecuada participación de los ciudadanos en la vida social, política y cultural a través de la acción voluntaria.
En la evolución del voluntariado de Castilla y León, han tenido especial importancia las personas voluntarias. En ese contexto, con la modificación de la Ley 8/2006, se da también cumplimiento al Acuerdo 61/2017, de 11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León que en sus conclusiones ya recogía la necesidad de actualización de la normativa de voluntariado.
Aspectos más significativos del Proyecto de Ley
Teniendo en cuenta que para su elaboración se ha contado con las aportaciones realizadas al texto por parte de las Plataformas de Voluntariado y de entidades de voluntariado como Cruz Roja y Caritas, entre los aspectos más significativos cabe destacar la adaptación de la Ley a las nuevas formas de voluntariado, teniendo en cuenta las tendencias hacia el futuro en el ámbito universitario, en el de las empresas o la actividad de voluntariado realizada a través del uso de las nuevas tecnologías. Además, se enfoca la acción de voluntariado desde el punto de vista de la calidad, primando ésta sobre una perspectiva meramente cuantitativa
En el concepto de voluntario se produce una adaptación a la realidad social incluyendo la aparición del voluntariado de empresa, institucional o de las propias Administraciones Públicas, y se añade, como principios rectores, la promoción y defensa del bien común, de los derechos fundamentales y de la declaración universal de los derechos humanos, derechos del niño y los derechos de las personas con discapacidad, igualmente se añade el principio de no discriminación detalladamente tanto en voluntarios como en personas destinatarias de la acción de voluntariado, y el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Se adoptan las definiciones de la normativa estatal para los distintos ámbitos de actividades de interés general en que puede consistir el voluntariado, con nuevos conceptos como el voluntariado familiar y el voluntariado intergeneracional, y se añade, como medida de protección al voluntario en el ejercicio de sus actividades de voluntariado, que dichas actividades no puedan ser admitidas como una causa justificada para la resolución del contrato de trabajo. Igualmente añade que la acción voluntaria no pueda ser desarrollada dentro de la jornada laboral por parte de los voluntarios que sean trabajadores por cuenta ajena, sin perjuicio de que la empresas y administraciones públicas, conforme con lo que establezcan las leyes y lo establecido en los respectivos convenios colectivos o acuerdos con los empleados públicos, adopten las medidas de promoción o conciliación de la acción voluntaria con el trabajo, que podrían incluir reducciones de jornada, cambios de horarios, excedencias…
En la regulación del estatuto del voluntario se ha introducido la necesidad de autorización expresa por parte de padres o tutores para que los menores de 16 años pero mayores de 12 años puedan ser voluntarios.
Más garantías para evitar delitos de violencia de género y de carácter sexual
En el Proyecto de Ley que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno se ha introducido la prohibición de ser voluntarios a los condenados por la comisión de los delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, o la libertad sexual del otro cónyuge o de los hijos, así como por delitos de tráfico ilegal o de inmigración clandestina de personas o por delitos de terrorismo, si fueran a participar como voluntarios en programas de voluntariado cuyos destinatarios puedan ser personas que hayan sido víctimas de esos delitos.
Se añade la necesidad, en caso de que la activad del voluntario se produzca de forma habitual con menores, de aportar el certificado negativo de antecedentes penales relativo a la existencia de condenas por sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, trata o explotación de menores, así como el derecho a la protección de los datos de carácter personal conforme a la legislación presente tanto para el voluntario como para la persona destinataria de la acción de voluntariado, y se crea una sección del registro que posibilita que los voluntarios puedan inscribirse en la misma manifestando sus preferencias de actuación en el voluntariado, con la finalidad de facilitar el acceso e información a los distintos ámbitos de voluntariado y a las entidades que lo realizan.
Como acción de fomento se introduce el reconocimiento de competencias adquiridas por el voluntario durante su acción voluntaria mediante fórmulas ya reguladas de reconocimiento por experiencia laboral o de vías de formación no formal. Otra acción de fomento que se introduce también es el reconocimiento público a entidades y personas voluntarias por su especial dedicación, contribución o ejemplo en la acción voluntaria.
El voluntariado en Castilla y León en datos
Desde las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León, a lo largo de 2017 se han financiado actuaciones de voluntariado por un importe de 1.950.575,14 euros, tanto para programas directos de voluntariado como para otro tipo de programas en los que para su ejecución es necesaria la acción de voluntarios.
Castilla y León cuenta en la actualidad con 414 plataformas y entidades de voluntariado que son quienes llevan a cabo las diferentes acciones y programas de voluntariado en la Comunidad, en las que colaboraron, durante 2017, en torno a 200.000 personas.
