La sección sindical de Sanidad de C.G.T. en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca emitió un comunicado de prensa para denunciar el intrusismo laboral en los test masivos que se están realizando por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Son los cribados masivos que ha puesto en marcha la Junta desde Navidad y que se están desarrollando en múltiples municipios de Castilla y León.
Desde la sección sindical denunciaban que esas pruebas se están “realizando por personal sanitario no cualificado para ello, perteneciente a una empresa externa. En concreto en nuestra provincia están realizando las pruebas, personal sanitario no cualificado (técnico en cuidados auxiliares de enfermería, “TCAE”).
Para explicar estos motivos desde CGT aludedían a la normativa europea y española, reflejada en la Ley General de Sanidad, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Estas indican “que los test, reactivos, productos, materiales, instrumentos… utilizados para la realización de pruebas diagnósticas para detectar la infección por SARS-CoV-2 están considerados productos sanitarios de diagnóstico “in vitro” y por lo tanto deben realizarse por personal sanitario cualificado, del ámbito de la enfermería o la medicina, único personal legalmente cualificado y habilitado para ello. Una mala praxis en la realización de este tipo de test, puede dar lugar a mucho más que probables diagnósticos erróneos”.
De hecho, el comunicado apuntaba que “se ha observado que la tasa de positivos es mayor cuando es realizada por personal cualificado que cuando se realiza por estos profesionales. Todo ello debe tener como fin proteger y garantizar la seguridad asistencial de la población”.
Así mismo, alertaron que de “hacer caso omiso a esta denuncia, se estaría incurriendo en un intrusismo profesional flagrante que la Consejería de Sanidad y su consejero, D. Alejandro Vázquez Ramos, no sólo ha autorizado, sino que sigue permitiendo a día de hoy”.
Por otro lado, desde CGT se denunciaba que “la normativa actual recoge que el resultado de estas pruebas debe figurar en la historia clínica del paciente, a la cual no puede ni debe tener acceso personal de una empresa privada, ni en su totalidad ni en parte y aunque ellos vuelquen en el programa Jimena los datos de los test sin tener acceso a su información, ya son conocedores del diagnóstico de cada uno de esos pacientes, el cual ya forma parte de su historia clínica”.
Así, desde CGT se exigió a la Consejería de Sanidad que “revoque de inmediato la subcontratación de personal no cualificado para la realización de pruebas diagnósticas, que únicamente puede llevar a más contagios de los que ya existen con esta pandemia al no diagnosticarse correctamente a los pacientes infectados. En caso contrario, este sindicato tomaría cuantas acciones y medidas sean precisas para llevar ante la justicia estos despropósitos”.
La respuesta de la Junta no se ha hecho esperar. Su respuesta manifiesta que "ante la imposibilidad de contratar enfermeras según el contrato con dichas empresas externas para los cribados masivos, hemos aportado una solución intermedia, más rápida y operativa: será la contratación, por parte de la Consejería de Sanidad, de una enfermera por cada técnico que esté tomando muestras, para que supervisen y controlen dicha toma de muestras", ha explicado el Consejo de Enfermería, que ha presentado una relación de 1.200 enfermeras dispuestas a hacer antígenos, mientras que la Consejería se ha comprometido a "hacer contratos atractivos para fidelizar a las enfermeras", según informa EP.
