El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano; el secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, firmaron esta mañana tres grandes acuerdos en materia de políticas sociales y empleo en el marco del Diálogo Social.
En concreto, los documentos consensuados son el Acuerdo en materia de Atención a las Personas en Situación de Dependencia 2021; la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, 2021-2024, y el Plan Anual de Empleo de Castilla y León 2021.
En total, según destacó Fernández Mañueco, los acuerdos firmados hoy suman 343 millones de euros, mientras que son ya siete los pactos alcanzados entre la Administración autonómica y los representantes económicos y sociales en lo que va de legislatura, por un total de 810 millones de euros, lo que deja patente el compromiso del Ejecutivo autonómico con el Diálogo Social.
Estos acuerdos recogen las políticas sectoriales y también transversales que pretende llevar a cabo la Junta para mejorar la protección de los colectivos más vulnerables, revertir los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, impulsar la transformación económica y social que se está gestando a raíz de la digitalización y la transición ecológica y avanzar en la cohesión territorial y social de la Comunidad, según explicó el presidente de la Junta.
Uno de los acuerdos tiene como reto reforzar la protección de las personas con dependencia en Castilla y León, garantizando más derechos, más cobertura y más y mejor calidad en la atención que reciben. El pacto en esta materia se sustenta en tres ejes: continuar mejorando las prestaciones de dependencia y su gestión; acelerar la reconversión de plazas y la adaptación de infraestructuras al nuevo modelo de atención residencial, y extender este esquema de cuidados centrados en la persona a todas las prestaciones de dependencia.
A estos fines, según informa la Junta, se destinarán sólo este año 50 millones de euros. Además, uno de los principales compromisos sellados en el acuerdo es el de seguir reduciendo los tiempos de tramitación de los expedientes.
En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico se recuerda que la Comunidad es la primera de España en cumplir la plena atención, no tiene lista de espera y ha rebajado a tres meses los plazos de reconocimiento del derecho, frente a los seis del resto de España. En el pacto suscrito hoy se establece que, al finalizar su vigencia, se reconocerá la efectividad del derecho al segundo mes desde la presentación de la solicitud, finalidad a la que se destinarán tres millones de euros este mismo año.
Junto a esto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades continuará promoviendo la cualificación de los profesionales que atienden estos servicios con un esfuerzo inversor de tres millones de euros. Castilla y León lidera con casi 33.000 trabajadores la creación de empleo vinculado a la dependencia.
La Junta abordará también el aumento de las cuantías de las prestaciones vinculadas a servicios y de asistencia personal, como ya se aplica desde enero de este año, con un coste adicional de 15 millones de euros, del que se benefician 74.300 personas dependientes. Junto a esto, se avanzará en la reducción de la aportación económica de los usuarios a la financiación del sistema.
Además, se reforzará con una partida de 13 millones de euros el servicio de ayuda a domicilio, tanto por la vía de la incorporación de nuevos usuarios a través de las entidades locales -que se sumarán a los más de 37.300 existentes-, como por el incremento de la intensidad horaria de atención.
El acuerdo suscrito esta mañana en el seno del Consejo del Diálogo Social prevé también la progresiva implementación del nuevo modelo de atención residencial. Ello conllevará inversiones de modernización, adecuación y creación de infraestructuras para incrementar la oferta de plazas, donde Castilla y León se sitúa a la vanguardia (con una ratio de 7,86 por ciento frente al 4,33 por ciento de media en España).
Por un lado, se recuperarán de forma progresiva todas las plazas de concierto que estén vacantes y se elevará al menos en 180 este mismo año el número de las concertadas para mayores; se promoverá la cobertura de las 1.300 plazas residenciales sostenidas con fondos públicos que la pandemia ha dejado vacantes; se intensificará en este 2021 la reconversión de plazas válidas que aún pervivan en las residencias públicas; se incrementarán hasta 172 las disponibles en las unidades de convalecencia sociosanitaria, y finalmente se actualizarán al alza los precios de conciertos de plazas residenciales de personas mayores y de discapacidad. A estos objetivos se destinarán 16 millones de euros.
Por otro, a lo largo de los tres próximos años están previstas obras de creación, mejora y transformación en distintos centros de atención a mayores y dependientes vinculadas al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe de 60,6 millones de euros, condicionados a la aprobación de los fondos europeos. A esta partida se sumarán otros 25 millones de euros con presupuesto autónomo. De estas cuantías, la inversión prevista para este mismo año asciende a 15 millones.
III Estrategia Integrada de Empleo
Además, también se dio luz verde a la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, 2021-2024.
Su aplicación hasta el año 2024 se marca como objetivos recuperar lo antes posibles el nivel de empleo que existía con anterioridad a la pandemia, así como mejorar su calidad, prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección; además pretende contribuir a la transformación económica y social que se está gestando a causa de la digitalización y la transición ecológica. Así mismo, se configura como un instrumento de cohesión social y territorial que permita hacer frente al reto demográfico y avanzar en igual oportunidades
La III Estrategia integrada se orienta al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Igualmente incorpora los principios y derechos del Pilar Social Europeo, en particular la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, las condiciones de trabajo justas, y la protección e inclusión social.
La Estrategia está integrada por cuatro planes: El Plan de Empleo de Castilla y León 2021-2024, el VI Plan General de Formación Profesional de Castilla y León, el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León y el Plan de Igualdad de Género, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo.
Plan de Empleo
El objetivo del Plan de Empleo de Castilla y León 2021-2024, el instrumento estratégico que marca las directrices de las políticas activas de empleo de la Comunidad, es recuperar el nivel de ocupación y actividad que existía con anterioridad a la pandemia y favorecer la cohesión social y territorial, apoyando a los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad y favoreciendo el empleo en el medio rural.
Se establecen como colectivos prioritarios para todas las medidas de la estrategia (jóvenes menores de 35, mayores de 45 y parados de larga duración) junto con colectivos específicos que requieren actuaciones diferenciadas para promover su inserción laboral (mujeres, desempleadas, especialmente víctimas de violencia de género, personas mayores de 55 años, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, inmigrantes, emigrantes retornados y personas refugiadas o que tengan reconocido el derecho de asilo).
Por su parte, con el VI Plan General de Formación Profesional de Castilla y León 2021-2024 se busca contribuir a la consecución y el mantenimiento de personal cualificado en Castilla y León desde el ámbito de la formación, así como al desarrollo de la competitividad empresarial
El objetivo es tratar de mejorar el ajuste entre las necesidades de personal cualificado de los sectores productivos y la oferta de Formación Profesional, así como la conexión entre los centros de formación y las empresas. Se impulsará también la puesta en marcha de nuevas ofertas formativas para personas adultas desempleadas y ocupadas, fomentando la formación profesional a distancia y los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral o vías no formales de formación.
Prevención de riegos
Mientras tanto, el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León pretende dar un nuevo impulso a las políticas de salud laboral, con medidas dirigidas a lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, introducir en las empresas la prevención como un factor clave de inversión orientado, tanto a evitar y reducir al mínimo los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como a garantizar unas condiciones de seguridad y salud adecuadas y, a su vez, conseguir que la empresa sea competitiva en el mercado, mejorar la prevención de las enfermedades profesionales así como su diagnóstico y declaración, seguir potenciando la formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Igualdad
Por su parte, el Plan de Igualdad de Género y Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo tiene por objetivo la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el trabajo.
Para conseguir este objetivo, el Plan incorpora diversas líneas de actuación complementarias, entre las cuales asumen especial protagonismo fomentar el conocimiento y la sensibilización en materias vinculadas con la igualdad; coordinar las actuaciones de las distintas instituciones y la sociedad civil; favorecer la incorporación, la reincorporación y la consolidación de las mujeres en el mercado de trabajo, especialmente de aquellas con dificultades de inserción, las víctimas de violencia de género y las mujeres del medio rural; desarrollar políticas de fomento del empleo que incentiven la conciliación de la vida familiar y personal; promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y evitar la segregación ocupacional; apoyar a las empresas, sobre todo PYMES, en la adopción de medidas de igualdad que supongan una mejora en las condiciones laborales de la mujer y que contribuyan a su ascenso profesional y a la reducción de la brecha salarial.
Paecyl
Los objetivos y estrategias marcadas en estos cuatro planes se concretan durante este ejercicio 2021 en el Plan Anual de Empleo de Castilla y León 2021 (Paecyl) que es el documento que marca las pautas de las políticas activas de empleo de la Junta para el presente ejercicio, estableciendo tanto las distintas líneas de actuación como sus objetivos y su dotación presupuestaria.
El Plan incluye las iniciativas que se llevarán a cabo para favorecer el sostenimiento y la creación de empleo, mejorar la formación y cualificación profesional de trabajadores y desempleados, avanzar en seguridad y salud laboral y fomentar la igualdad de oportunidades y la conciliación en el empleo.
Dentro del plan se han consensuado un total de 106 medidas para las que se prevé una inversión de casi 293 millones de euros durante este ejercicio. Este esfuerzo económico pretende contribuir a la recuperación del empleo de calidad, la protección de los colectivos más vulnerables, avanzar en igualdad de oportunidades, mejorar la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo y favorecer el asentamiento de población, especialmente en el medio rural.
El nuevo plan apuesta de forma decidida por el empleo rural y local al que se destinan 97 millones de euros (incluido el programa mixto de formación y empleo) con una previsión de contratación de cerca de 10 mil desempleados y la incorporación al mercado laboral a colectivos con especiales dificultades de empleabilidad.
Igualmente, la Junta destina 79 millones de euros a los distintos programas de políticas activas de empleo dirigidas a los jóvenes. La formación constituye también una prioridad dentro del plan, incorporando programas específicos para formación en nuevas competencias digitales, y reforzando la formación para trabajadores desempleados.
Desde la Junta también se destaca el apoyo al emprendimiento a través de este plan, especialmente al autoempleo y a la financiación de proyectos de reindustrialización. Asimismo, se incorporan nuevas iniciativas para proteger a las personas trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad y a las empresas en situación de crisis, tales como el programa Rethos para los desempleados procedentes de la hostelería, los programas específicos para mayores de 55 años, o el programa de apoyo a trabajadores en ERTE
El Plan de Empleo integra actuaciones de las distintas consejerías. Economía y Hacienda gestionará programas por valor de 10 millones, Empleo e Industria invertirá en este plan 263,6 millones, los programas de Familia e Igualdad de Oportunidades suman 14,6 millones, mientras Educación invertirá 4,5 millones.
