El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de teleasistencia avanzada por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por un importe superior a los 3,8 millones de euros, IVA incluido, para los dos próximos años.
Con esta inversión se financiará el desarrollo de una plataforma tecnológica, que permitirá a la Junta asumir la gestión plena del sistema y ofrecer una atención integral y más personalizada a los más vulnerables, de forma unificada en todo el territorio. Así se garantizarán también la gratuidad de la prestación y la igualdad en el acceso a la misma.
El acuerdo adoptado es consecuencia de la reciente modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León –aprobada el pasado mes de diciembre–, que incorpora la teleasistencia como una nueva competencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Gerencia de Servicios Sociales. La finalidad de este cambio normativo es optimizar la gestión de este servicio esencial –que hasta ahora recaía en las corporaciones locales–, de manera que llegue a más usuarios y de forma homogénea en toda la Comunidad.
Además, el trámite implica dar un paso más en la mejora y modernización del servicio a través de la implantación de la teleasistencia avanzada, dando cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura. Se trata de un modelo que aprovecha las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para ofrecer una atención integral –social y sanitaria– e individualizada a las personas más vulnerables.
Nuevos servicios para una atención más proactiva e integral
El contrato que va a formalizar y financiar el departamento liderado por Isabel Blanco permitirá reorganizar recursos e infraestructuras y homogeneizar criterios en todo el territorio; integrar la teleasistencia con el resto de prestaciones en la historia social única, e introducir nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que perciben las personas con dependencia y sus cuidadores. Asimismo, se llevará a cabo un pilotaje de servicios basados en sistemas de detección automática y comunicación –tales como detectores de fuego, humo, gas o dióxido de carbono– y nuevos dispositivos de localización o de teleasistencia móvil.
El objetivo último es mejorar y reforzar la atención en su domicilio de las personas que más lo necesitan, mediante servicios integrales preventivos, proactivos, personalizados y predictivos, que garanticen la continuidad asistencial del beneficiario. Se trata, en definitiva, de continuar modernizando los servicios sociales de Castilla y León, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para complementar la atención presencial con la no presencial.
Un servicio financiado íntegramente por la Junta desde el 1 de enero
Hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Sociales, la gestión de la teleasistencia era una competencia de las corporaciones locales, de la que se beneficiaban alrededor de 26.000 personas. Ahora, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se hará cargo de esta función de forma progresiva. Por el momento, asume ya la cobertura de los primeros 10.600 usuarios. Esta es la cifra de personas que estaban recibiendo el servicio por parte de su ayuntamiento y que ahora, vencido ya el contrato entre el municipio y la entidad que lo venía prestando, pasarán a ser usuarios del modelo de teleasistencia avanzada impulsado por la Junta.
No obstante, conviene puntualizar que desde el pasado 1 de enero la Gerencia de Servicios Sociales ha asumido la financiación del servicio en toda la Comunidad, con independencia de la administración que lo esté gestionando. Además, también desde el inicio del año la teleasistencia avanzada es gratuita para todas las personas que lo necesiten en Castilla y León.
