El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto para adaptar la gestión presupuestaria por el que se modifica el aprobado en diciembre relativo a la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad en el ejercicio 2020.
De esta manera, la Junta de Castilla y León pretende asegurar suficiencia financiera para el funcionamiento de la Administración, así como cumplir con los compromisos contraídos y disponer de recursos que permitan hacer frente a las necesidades actuales de la situación extraordinaria provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, que ha provocado la declaración del estado de alarma.
Esto se hace porque, como ha señalado el portavoz de la Junta de Castilla y León, estos gastos originados precisan de liquidez “inmediata” para hacer frente a ello, y así todas las Consejerías podrán tener su gasto “controlado”. “Los capítulos 1 y 2 se seguirán cubriendo, pero así se facilitará que las consejerías más implicadas en esta crisis tengan liquidez”, ha apuntado Igea.
En el contexto presente, el conjunto de acciones que todas las Administraciones deben adoptar para hacer frente a esta pandemia internacional han de estar presididas por la máxima flexibilidad e inmediatez, debiéndose adoptar las decisiones que en cada caso resulten más convenientes dirigidas a contener la progresión de la enfermedad, a reforzar el sistema de salud pública, a prevenir y contener el virus y a mitigar su impacto sanitario, social y económico.
En consonancia con ello, el Decreto aprobado este jueves incorpora cambios en la gestión de los créditos presupuestarios prorrogados para 2020. En primer lugar, se establecen nuevos criterios de imputación de los gastos con el objetivo de garantizar la cobertura financiera de las mayores necesidades de gasto en el ámbito sanitario, de los servicios sociales y de la protección civil, preservando asimismo el funcionamiento ordinario y esencial de los servicios públicos. En segundo lugar, y con el mismo propósito, se priorizan en los mismos ámbitos las transferencias de crédito necesarias para dar cobertura a las necesidades de gasto más urgentes vinculadas con la crisis del coronavirus.
Y, por último, se habilita al consejero de Economía y Hacienda a establecer la no disponibilidad de aquéllos créditos que, por ser menos urgentes en su aplicación actual, permitan garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración Autonómica, así como de los gastos que exija la situación provocada por la crisis del COVID-19.
El consejero de Fomento, designado como órgano de contratación para el Covid-19
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la designación del consejero de Fomento y Medio Ambiente como órgano de contratación cuando, por razones de eficacia y eficiencia, sea necesaria la contratación conjunta de varias consejerías para adquirir bienes y servicios con los que atender la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene atribuida la competencia de promoción y dirección de las políticas en materia de protección ciudadana y seguridad pública. Así, corresponde a la Agencia de Protección Civil el apoyo a la dirección de los Planes de Protección Civil ante situaciones de emergencia o protección civil, la coordinación de los recursos intervinientes a través del centro coordinador de emergencias y la planificación regional de las actuaciones ante emergencias.
Por ello, el consejero de Fomento y Medio Ambiente es la figura que debe actuar en este sentido ante la situación de crisis sanitaria actual, una designación que no impide que el resto de consejerías de la Administración Regional, en el marco de sus competencias, puedan realizar contratos con el mismo objetivo.
