Una información publicada por la periodista Laura Cornejo de eldiario.es este martes, 14 de abril, indica que Televisión Castilla y León, televisión privada que es propiedad de los dos empresarios de la construcción y los medios, Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri (éste último acusado en la trama Gürtel de Boadilla e imputado en la de Correa, así como en las tramas Púnica y Enredadera), ha conseguido una subvención directa de 20 millones de euros.
Tal y como ha podido comprobar eldiario.es, el cobro de la cantidad, que supera en un millón la recibida en 2019, se hará por adelantado y antes de que una auditoría demueste que se han cumplido los objetivos.
La cantidad que le otorga la Junta desde 2009 oscila entre los 18 y los 25 millones de euros, y se pueden cobrar por adelantado pidiendo un anticipo de hasta el 100%. Este año, la Junta ya ha anunciado que Radio Televisión Castilla y León va a percibir al menos 12,7 millones por adelantado. Fue Francisco Igea, en la rueda de prensa del pasado jueves, la persona encargada de ofrecer detalles al respecto, indicando que el primer pago, "cuatrimestral", será de seis millones, y el segundo será de 6,7. No queda fijado cuándo cobrará los 7,3 millones restantes.
Fueron numerosos los medios de comunicación que, tras las palabras de Igea, solicitaron más información, pero el vicepresidente no aclaró mucho más.
Siguiendo con la información de Cornejo y eldiario.es, el Gobierno autónomico justifica la subvención afirmando que la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre —de la que forman parte todos los grupos parlamentarios— ha determinado que la empresa debe implementar "diversas mejoras de tipo tecnológico, en las condiciones de los empleados, en la programación y en los medios materiales que utiliza".
Para justificar, asimismo, la financiación de la televisión, se hace alusión a "la situación de emergencia derivada de la pandemia generada por el coronavirus que "supone una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud debido al elevado número de ciudadanos afectados y a la limitación de derechos que ha supuesto la declaración del estado de alarma aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo". Sobre ello, la Junta de Castilla y León considera que "los servicios de comunicación audiovisual televisiva son servicios de interés general cuya importancia es cada vez mayor ya que garantizan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y del derecho a recibir información".
