El sindicato ANPE ha difundido un "Protocolo de intervención educativa ante posible riesgo y/o sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar", con el fin de garantizar una protección al alumnado escolarizado en nuestros centros educativos.
Todos los centros educativos de Castilla y León han de seguir el mismo circuito interno donde se definan las responsabilidades, funciones y pasos a seguir de los distintos profesionales que intervienen con el alumnado.
La comunidad educativa es una pieza fundamental en el proceso de detección de riesgo y/o sospecha de malos tratos en la infancia en el entorno familiar. La detección es el primer paso de un proceso en el que será necesaria la colaboración con otras instituciones para potenciar los factores de protección que minimicen o eliminen los de riesgo.
En este protocolo se recogen los objetivos, concepto y tipología de maltrato con la que vamos a trabajar, responsabilidades del centro educativo, un flujograma de actuación en el que se determinan las distintas fases del proceso y una serie de anexos que facilitan la tarea de los distintos responsables.
En ningún caso se ha de interpretar que los docentes o el centro educativo es el responsable de contrastar y confirmar la existencia de maltrato al alumno/a en el entorno familiar; este papel corresponde a otros servicios competentes en la materia, pero sí juega un papel relevante en la detección, notificación y colaboración en los programas de intervención ante posible riesgo y/o sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar. Todo ello sin olvidarnos de una actuación clave como es la prevención.
