La Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca no está de acuerdo con el Decreto 2/2020 de la Junta de Castilla y León que "modifica los derechos laborales de los trabajadores sanitarios".
"Aprovechando la situación creada por la pandemia COVID, la Junta publica en BOCYL un decreto que impone (es la palabra exacta que utiliza) unas normas que afectan a los derechos fundamentales de los trabajadores sanitarios en cuanto a horarios de trabajo, turnos, obligatoriedad de hacer guardias, anulación de vacaciones, posibilidad de trasladar a los trabajadores de ciudad o provincia, mientras dure la declaración del estado de alarma, inicialmente hasta el 9 de mayo de 2021, según RD 956/2020 de 3 de noviembre por el que se prorroga el estado de alarma".
Ante esta situación la ADSP quiere precisar las siguientes cuestiones:
"Los trabajadores sanitarios están demostrando mayoritariamente un compromiso vital con el ejercicio de su profesión, con el sistema sanitario público y con los pacientes. Este compromiso los ha llevado y los lleva a trabajar de forma entusiasta incluso en condiciones en las que se pone en riesgo su vida, su salud y la de sus familias".
"El colapso del sistema sanitario de Castilla y León que se ha producido durante la pandemia es consecuencia directa del recorte en las inversiones sanitarias que ha tenido lugar durante los últimos diez años. Se ha descapitalizado a SACyL en recursos humanos y tecnológicos, poniendo en riesgo la misma viabilidad del sistema sanitario público, tanto en el marco de la atención primaria como de los hospitales".
"La propia gestión del sistema ha sido y es ineficaz, y buen ejemplo de ello son dos cuestiones: el enorme gasto que supone la gestión privada del hospital de Burgos, que absorbe una parte muy importante del presupuesto anual de SACyL y que repercute en el resto de Castilla y León, y el Hospital de Salamanca, cuya apertura se retrasa indefinidamente cada año y que sigue pendiente del presupuesto necesario para completar obras y recursos tecnológicos, y del que se desconoce incluso la plantilla de personal que tendrá cuando se ponga en funcionamiento".
"La actual situación de falta de personal de enfermería y médicos es fruto de la improvisación y falta de previsión de la Junta de Castilla y León, cuya política de recursos humanos ha favorecido que los profesionales que podían haber sido contratados en el mes de junio se hayan ido a trabajar a otras CC.AA. donde les ofrecían mejores condiciones de trabajo en vez de los contratos precarios que les ofreció SACyL. A pesar de ello, la Junta sigue sin modificar un ápice su política de recursos humanos lo que imposibilita en el momento actual la contratación de profesionales necesarios porque nadie quiere venir a trabajar a Castilla y León".
Por tanto, la ADSP "rechazamos el carácter impositivo de este Decreto que supone un ataque al modelo sanitario actual, golpeándole en su línea de flotación que son los sanitarios. Pensamos que, ante un problema tan serio como una pandemia, es preciso buscar soluciones y tomar medidas ad hoc pero estas medidas no pueden ser impuestas sino que deben ser fruto de un diálogo con los profesionales y de un acuerdo amplio, nunca desde la imposición. Pensamos que se debe evitar la arbitrariedad y que las medidas que se tomen deben ser argumentadas y consensuadas para garantizar el apoyo y la cooperación del personal sanitario".
Por estos motivos, consideramos que la Junta de Castilla y León es responsable de la situación que atraviesa la sanidad y la salud pública en nuestra comunidad. Este decreto empeora la necesaria e imprescindible identificación de los profesionales con la sanidad pública. La Junta ha optado por imponer en vez de prever y dialogar.
