Se trata de una iniciativa para coordinar perfectamente las políticas de vivienda en Castilla y León entre la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León, mediante la cual se desarrollarán diversos aspectos que el Plan Estatal deja al criterio de cada comunidad. Esto permitirá una mayor eficacia de los fondos gestionados, al adaptarlos a las necesidades específicas de Castilla y León, en el marco de los acuerdos alcanzados en la mesa de vivienda del Diálogo Social.
Es decir, la aprobación de un Decreto que regule las políticas de vivienda en la Comunidad resulta oportuna para establecer un marco jurídico claro y estable para ejecutar las diferentes líneas de ayudas en esta materia, determinar las prioridades y objetivos de las políticas de vivienda y lograr maximizar los recursos económicos que se destinan en Castilla y León por parte del Estado y de la propia Comunidad para atender a aquellos sectores de población que más dificultades presentan en el acceso a la vivienda; igualmente resulta necesaria y oportuna su aprobación para regular las actuaciones relativas a la rehabilitación de edificios y viviendas y a las áreas de regeneración y renovación urbanas y rurales que permitan seleccionar aquellas actuaciones que tengan una mayor viabilidad económica, técnica y social en las ciudades.
En resumen, el objeto del nuevo decreto, que será negociado en la Mesa de la Vivienda del Diálogo Social, es establecer la regulación, requisitos y condiciones de las ayudas del plan estatal de vivienda en Castilla y León en materia de alquiler, rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural. Para ello, conforme a la actual regulación de la elaboración de normas, se da hoy mismo el primer paso, con la apertura de una consulta pública en la web de la Junta de Castilla y León, durante el plazo de un mes. Durante este periodo, la consejería también mantendrá contactos con todos los agentes sociales y económicos vinculados a las políticas de vivienda.
Valoración de la Junta sobre el nuevo Plan de Vivienda
El nuevo Plan de Vivienda, además de las líneas del anterior plan de indudable carácter social, incorpora importantes novedades, algunas de ellas planteadas e impulsadas desde el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León y defendidas por la Junta de Castilla y León en los contactos con el Ministerio y en las Conferencias Sectoriales de Vivienda, como son extender las ayudas a la rehabilitación de las viviendas individuales, de importante incidencia para extender estas políticas al medio rural y contribuir así a fijar población y luchar contra la despoblación. Otras novedades son las ayudas al acceso a la vivienda para sectores de población con más dificultades, como jóvenes, personas mayores o en situaciones de desahucio.
Hay que destacar el esfuerzo realizado en la lucha contra la despoblación, que se manifiesta en múltiples líneas del plan: por ejemplo, la ayuda a la compra de vivienda para jóvenes se concentra en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, las ayudas a la rehabilitación se incrementan un 25 % en municipios con menos de 5.000 habitantes. Y eso, tanto en cuanto a la rehabilitación energética (es decir, mejora del aislamiento térmico y del rendimiento de las calefacciones), como en cuanto a las mejoras de accesibilidad. Es más, también las actuaciones de regeneración urbana en municipios de menos de 5000 habitantes tendrán un incremento del 25 % de la financiación en lo que respecta a los jóvenes menores de 35 años.
Y otra de las grandes preocupaciones en Castilla y León, que es la atención a una población envejecida, se ve reconocida en una línea específica de fomento de viviendas para personas mayores.
Las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León se desarrollan en coordinación con los planes estatales, de forma que se considera necesario elaborar un decreto que regule todas aquellas políticas de vivienda, especialmente las relativas a la ayudas al alquiler, el desarrollo de un parque de vivienda en alquiler social, la rehabilitación de edificios y viviendas para la mejora de su eficiencia energética y accesibilidad y las actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural.
