La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado este martes dos centros en los que residen menores tutelados por la Junta de Castilla y León y que gestiona Mensajeros de la Paz en Palencia. Uno de ellos, un hogar de acogida para menores de 14 años en situación de desprotección; el otro, un hogar tutelado en el que residen menores de entre 14 y 17 años, prorrogables hasta los 21.
La consejera ha elogiado tanto la labor como la trayectoria de Mensajeros de la Paz, con quien el Gobierno autonómico trabaja de manera estrecha, y ha explicado que, en estas instalaciones, niños y adolescentes viven en un entorno lo más parecido a un hogar familiar. La atención que reciben es completamente personalizada, ya que, gracias a los profesionales del ámbito socioeducativo, el ambiente es normalizado, estructurado y acogedor.
La Junta de Castilla y León cuenta con una extensa red de centros de acogida para menores (863 plazas) que, por diversas circunstancias, deben estar bajo tutela de la Administración autonómica. Sin embargo, que vivan en el entorno familiar es el contexto más adecuado para afrontar su desarrollo vital. La primera opción para el Ejecutivo autonómico es, siempre en función de las circunstancias, trabajar con la propia familia biológica para reconducir la situación y procurar no apartarla del menor. Sin embargo, si esta opción no es viable, la alternativa es buscar un hogar particular de acogida, ya que la prioridad es que los menores estén con familias.
Las opciones son: bien que estén junto a otros familiares que puedan hacerse cargo —tíos, abuelos…— o con personas que, de manera voluntaria y desinteresada, se prestan para ayudar a estos menores. En la actualidad, en Castilla y León hay 525 familias acogiendo a niños y adolescentes: 225 ajenas a los menores y 300 de su entorno familiar. En lo que va de 2024, 391 menores han sido acogidos por sus allegados y 364 por otros núcleos familiares dispuestos a atenderlos.
Se trata de ofrecer un entorno familiar a los menores protegidos por la Junta de Castilla y León mientras se resuelve su situación de manera definitiva. En el impulso de esta atención transitoria trabaja el Gobierno autonómico: tanto a través de la futura Ley de Infancia y Adolescencia, que facilita los acogimientos familiares, como mediante la ampliación de supuestos y coberturas a la hora de compensar económicamente a las familias acogedoras.
La Junta dispone de recursos y alternativas para estos menores en la red de centros residenciales de todas las provincias.
El acogimiento familiar, la prioridad
Los hogares y centros de acogida siempre son la última opción para los menores, a pesar de los recursos que la Junta destina para el mantenimiento de estos espacios y, sobre todo, para una pormenorizada e integral atención de los niños y adolescentes, especialmente en los casos de desamparo o riesgo. En caso de que no sea posible la recuperación del núcleo familiar original, el siguiente paso es intentar que el menor viva en familia, ya sea extensa —otros miembros de la suya— o ajena —aquellas que, de manera voluntaria, deciden ayudar a estos niños—.
Por ello, la Junta continúa impulsando el acogimiento familiar. Ese espíritu viene reflejado en el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, que recoge un procedimiento de acogida más garantista y que protege los derechos tanto de las familias como de los menores durante el proceso. Además, la futura norma incluye cuantos recursos y apoyos técnicos, jurídicos, sociales y económicos ha de precisar la familia acogedora en función de las necesidades del menor.
En relación con las compensaciones económicas, el pasado 7 de mayo se publicó la Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se establecen estas ayudas, se amplían coberturas y los supuestos para acoger. El texto mejora las ayudas destinadas a acoger mujeres menores de edad embarazadas o con hijos o a aquellos que se encuentren preparando la transición a la vida adulta.
Se han extendido las compensaciones en el acogimiento especializado —menores con necesidades especiales—, a la familia biológica para continuar fomentando las visitas y así mantener el vínculo —ahora se cubren los gastos de alojamiento y manutención— o a la familia extensa —cuando sean familiares del menor quienes se hagan cargo—. Además, se reconoce una nueva modalidad de estancia temporal con compensaciones en estancias temporales durante el curso escolar y se sufraga lo relativo a las medidas acordadas en relación con la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Esta Orden también impulsa de manera decidida la figura de la adopción, donde se introducen modificaciones, en aras de ofrecer esta alternativa a niños de más edad. Así, se establecen ayudas para las familias de guarda cuyo fin último sea la adopción del menor, siempre y cuando éste presente características especiales o tenga más de diez años.
Además, el pasado mes de marzo, entraron en vigor los conciertos para la prestación de servicios en los procedimientos de acogimiento familiar y de estancias temporales con menores con expediente de protección. En esta orden, aprobada a finales de 2023, recoge todo el proceso: sensibilización y captación de familias, valoración, búsqueda, selección, seguimiento, apoyo y acompañamiento y un servicio de formación para el acogimiento.
