El 15 de noviembre es la fecha señalada en rojo en el calendario de la Junta de Castilla y León. Y es que es el día en el que el Gobierno regional prevé que colapse el sistema hospitalario de la Comunidad si no cambia la evolución de la pandemia, tal y como se reconoce en el informe remitido al Tribunal Superior de Justicia para justificar la necesidad de establecer el toque de queda.
"La previsión, manteniendo el número de camas ocupadas por pacientes no COVID a 18 de octubre e incrementando 20 COVID a la semana, sería, por lo tanto, el día 15 de noviembre. Se llegaría al umbral máximo que nos permite atender pacientes de todo tipo en nuestro sistema hospitalario", cita el TSJCyL en el auto de no ratificación del Acuerdo de la Junta del pasado viernes, al no haber entonces aprobado aún el estado de alarma el Gobierno.
En rueda de prensa, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reconocía que la situación es “complicada” y “grave”, pues algunas UCI tienen una presión “muy importante”, como las unidades de hospitalización.
Sin embargo, confió en que con las medidas adoptadas, en cuanto a la limitación de reuniones y consumo en barra, junto al toque de queda nocturno, sea posible aplanar la curva. También apuntó que la Junta trabaja para mejorar la estabilidad de los profesionales sanitarios y para que tengan contratos de media y larga duración que eviten su marcha a otros territorios, por lo que aseguró desconocen si va a tener un impacto la apertura del Hospital madrileño de pandemias en Valdebebas.
En este punto, Fernández Mañueco apeló a la responsabilidad individual y pidió ser “cuidadosos” con las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre las tres ‘M’-higiene de manos, mascarilla y distancia social, a la que sumó ahora, debido al tiempo, la ventilación de espacios interiores. Además, señaló que la inmensa mayoría de los ciudadanos está tiene un comportamiento “cívico, responsable y solidario”, pero lamentó que haya una minoría que con su actuación eche por tierra el esfuerzo del resto.
Por otra parte, el presidente de la Junta señaló que están trabajando los servicios jurídicos de la Comunidad para convertir las “recomendaciones” del plan de respuesta común acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en normativa propia de la Comunidad.
Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco reconoció que la situación de Castilla y León, de acuerdo a los indicadores pactados, es de “riesgo extremo” y añadió que para evitar el confinamiento total se debe ser “especialmente precavidos” en la actividad pública y privada.
