Dada la dispersión legislativa existente en esta materia, la disposición final sexta de la Ley 4/2018 prevé la autorización a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, incluyendo regularización, aclaración y armonización de textos, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, un texto refundido de las normas vigentes en materia de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León, y esto es a lo que hoy da su visto bueno el Consejo de Gobierno, respondiendo al mandato realizado al Ejecutivo por las Cortes de Castilla y León.
El texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, consta de 37 artículos agrupados en un Título preliminar con 9 artículos en los que se define el objeto, ámbito subjetivo, principios informadores, concepto y carácter de la prestación, finalidad de la misma, situaciones de exclusión social, destinatarios de la prestación, concepto de unidad familiar o de convivencia, y destinatarios únicos; 9 títulos y dos disposiciones, una adicional y otra final.
Desde su puesta en marcha en agosto de 2010, más de 79.000 personas han accedido a las prestaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León y a 31 de diciembre de 2018, el número de beneficiarios es de 25.000 personas.
Nuevas mejoras
A lo largo de esta legislatura, la Renta Garantizada de Ciudadanía ha ido incorporando nuevas mejoras que ahora se plasman todas juntas en este texto refundido y todas ellas han sido fruto de los Acuerdos con el Diálogo Social. Estas medidas fueron recogidas en el Decreto-Ley 1/2016 de 14 de abril, por el que se adoptaban medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención sociales en el ámbito de la Red de Protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis.
Este Decreto-Ley fue convalidado por la Ley 4/2016 de 23 de diciembre, aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León, y entre las medidas recogidas se prevé ampliar los supuesto de compatibilidad de las prestaciones, se establecen excepciones en el requisito de la edad y en el cómputo de ingresos y patrimonio, y se establecen determinadas reglas sobre el momento del devengo y el mantenimiento de las prestación, encaminadas a lograr una mayor eficiencia en la optimización de los recursos públicos.
Junto a estas medidas, hay otras mejoras y modificaciones, también pactadas con el Diálogo Social, introducidas a raíz de la aprobación en julio de 2018 de la Ley de ordenación funcionamiento de la Red de Protección como la que permita compatibilizar la Renta Garantizada con carácter complementario hasta el 80 % del IPREM, con la percepción de subsidio de desempleo cuyo importe sea igual a la cuantía básica de la RGC. Además, se introduce una disposición adicional relativa a prestaciones destinadas a la atención a personas refugiadas y asiladas, por la que la prestación de renta garantizada de ciudadanía destinada a su atención pueda ser percibida a través de terceras personas, preferentemente entidades sin ánimo de lucro que formen parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública”.
Esta nueva Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos representados en las Cortes, cambia su denominación al pasar a atender todas las situaciones tanto de vulnerabilidad social y económica como desamparo social, convirtiéndose en un sistema permanente de atención social, incorporando el acceso a más prestaciones, algunas de las cuales se convierten en derechos subjetivos. Además, el Mapa de recursos de la Red de Protección ordena los servicios y prestaciones de la entidades públicas y privadas destinadas a la personas en riesgo y en situación de exclusión, lo que posibilita el intercambio de información entre profesionales y una mejor planificación para la atención.
Así pues, la Ley de la Red de Protección tiene entre otras novedades la de convertirse en el sistema permanente de atención, amplía su ámbito de atención a las personas más vulnerables, incluye más prestaciones bajo su paraguas y cuatro prestaciones más se convierten en derechos subjetivos, regula la situación de los distintos miembros de la Red, mejora su funcionamiento mediante la integración y coordinación de recursos y regula otras medidas de apoyo a la Red como el Fondo de Solidaridad, los planes de inserción socio-laboral, la lucha contra la pobreza energética, etc.
