La Junta de Castilla y León ha anunciado este martes que se deberán repetir los exámenes de la oposición para personal de servicios que se convocó en enero y contaba con 384 plazas, destinadas fundamentalmente a trabajar en las residencias para personas mayores y personas con discapacidad y en los centros educativos de la Administración autonómica.
Para acceder a esas 384 plazas se matricularon 18.889 personas; por tanto, una competencia muy alta dada la proporción del número de 49 opositores por plaza. El examen, que consistía en un test de 80 preguntas, se celebró el 3 de junio.
Sin embargo, en este se plantearon numerosas alegaciones en las que se indicaba que las preguntas no se ajustaban a los temas incluidos en la convocatoria o que algunas preguntas no estaban bien formuladas.
El tribunal calificador, compuesto íntegramente por empleados públicos examinó las quejas y anuló hasta tres preguntas. Sin embargo, frente a ello se han formulado otros 181 recursos administrativos y se acordó la suspensión del procedimiento.
Según informa, el tribunal calificador no ha podido continuar avanzando en el procedimiento durante la suspensión, por lo que no ha corregido los exámenes. De acuerdo con las bases de la convocatoria, una vez realizados los exámenes por los opositores, se guardan en sobres cerrados y precintados en los que figura la firma de las personas que han estado en las aulas cuidando el examen y de los últimos opositores que abandonan el aula. Los sobres con los exámenes solo se abren por el tribunal calificador cuando se han examinado las alegaciones a las preguntas y se ha tomado la decisión de cuáles y por qué se anulan.
Aspectos que han centrado las alegaciones presentadas
Los recurrentes y todos aquellos que han planteado alegaciones durante el proceso -un total de 457-, se han centrado básicamente en dos cuestiones: falta de concordancia entre el contenido del examen con las tareas propias del personal de servicios más el grado de dificultad y vulneración de las bases de la convocatoria al incluir cuestiones teóricas en la parte práctica del examen.
Sobre la falta de concordancia entre el contenido del examen con las tareas propias del personal de servicios y que este era muy difícil, la resolución de los recursos concluye que todas y cada una de las preguntas del examen estaban incluidas en los 12 temas del programa que se publicaba junto con la convocatoria. Otra cosa es que, efectivamente, el nivel de dificultad fuera alto, porque había que seleccionar entre más de casi 19.000 personas para 384 plazas.
En relación con las alegaciones relativas a que se vulneraron las bases de la convocatoria por incluir cuestiones teóricas en la parte práctica del examen, la convocatoria indica que el test debe tener 80 preguntas divididas en dos partes, teórica y práctica, dando prevalencia a la parte práctica ya que es eliminatoria frente a la teórica, que no lo es.
La resolución concluye que, en este punto, el examen no ha respetado la convocatoria, porque entre las 40 preguntas de la parte práctica hay al menos 13, más del 30 %, que en lugar de versar sobre cuestiones prácticas preguntan, por ejemplo, por denominaciones de leyes o por numeraciones de artículos de una Ley.
Dado que más del 30 % de las preguntas de la parte práctica incurren en esa discrepancia con las bases de la convocatoria se debe anular toda la parte práctica de acuerdo con la jurisprudencia. Las bases dan prevalencia a la parte práctica sobre la teórica, pues la primera es eliminatoria y la segunda no, y además el test es un solo ejercicio con entidad única, por lo que la resolución concluye que debe repetirse el ejercicio íntegro.
Convocatoria de nuevo examen
Una vez resueltos los recursos presentados, la resolución levanta la suspensión del proceso, que puede continuar. A la vista de que es preciso realizar un nuevo examen, los ejercicios realizados no se corregirán, permaneciendo en los sobres lacrados, y se convocará un nuevo examen al que podrán presentarse los opositores que en su día figuraban en la lista de admitidos. La fecha del examen, de acuerdo con las bases de la convocatoria, la determinará el tribunal calificador.
