La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está ultimando una orden para regular la coordinación en la gestión de los procesos selectivos de las policías locales. Esta futura orden, con la que se podría desarrollar las convocatorias previstas para los años 2026 y 2028, es fruto de las experiencia alcanzada tras los acuerdos firmados con la Federación Regional de Municipios y Provincias por los que la Junta asumió estos procesos en los años 2021 y 2024.
Según el borrador de la orden al que ha tenido acceso Ical, los ayuntamientos, mediante un acuerdo deberán encomendar a la Junta la competencia para la convocatoria y gestión de los procesos selectivos para cubrir vacantes, y establecer el número de plazas de la escala ejecutiva que se reservan al turno de movilidad. Además, los consistorios tienen la obligación de enviar el acuerdo antes del 30 de abril.
Por su parte, la Junta publicará, preferentemente durante el mes de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la convocatoria unificada para la categoría de agente de la Policía Local, dando comienzo el proceso selectivo.
Las bases de la convocatoria deberán contener el sistema de acceso, bien por concurso-oposición, bien por oposición para el turno libre, y también el sistema de acceso por concurso-oposición para el turno de movilidad. También deberá aparecer el número de plazas convocadas que corresponden a cada ayuntamiento, determinando las reservadas a los turnos libre y de movilidad.
Cabe recordar que el pasado mes de febrero la Federación Regional de Municipios y Provincias y la Junta renovaron el acuerdo para la coordinación en la gestión de los procesos selectivos de Policía Local al que se sumaron más de medio centenar de las 79 localidades que cuenta con este cuerpo de seguridad en la Comunidad.
Entonces, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones argumentó la complejidad y los altos costes que tienen para los ayuntamientos los procesos de selección en oposición, y explicó que con el convenio se ayuda a los ayuntamientos y se organiza el proceso selectivo por ellos.
“El mero hecho de tener un solo tribunal calificador, significa ahorrar costes administrativos y costes económicos a los ayuntamientos, además de dar una sensación de coordinación y eficiencia a la administración”, afirmó. A su vez, subrayó que este proceso selectivo cuenta con un sistema de resultas que permite recuperar plazas que quedarían vacantes en un proceso ordinario.
