Comisiones Obreras (CCOO) vuelve a la carga con el colapso que vienen padeciendo durante todo este año las oficinas para la tramitación del documento nacional de identidad (DNI). En estos momentos la cita para poder llevar a cabo el trámite de su renovación ya está casi en el mes de septiembre, esto es, a dos meses vista. Es por ello que el sindicato exige que se cubran a la mayor brevedad posible los puestos vacantes que se necesitan, que se mejoren las condiciones laborales y se dote de los medios técnicos adecuados, de manera que se pueda prestar el servicio público con la calidad que merece la ciudadanía.
En Castilla y León, la cita previa se encuentra en Ávila, Salamanca, Aranda de Duero o Miranda de Ebro, ambas localidades en la provincia de Burgos, a 28 de agosto, en Burgos capital a 16 de agosto y en Segovia a 8 de agosto. Una situación que se repite en Madrid, Cataluña, Euskadi, casi toda Andalucía, y una larga lista de provincias ya se superan los dos meses para solicitar la cita. Paras colmo, este colapso se empieza a extender a las zonas habituales de vacaciones en la costa o el interior de todo el territorio nacional.
La Sección Sindical Estatal de CCOO en el Ministerio del Interior denuncia que, casi dos años después de iniciarse el colapso que sufren las oficinas de expedición de DNI y pasaportes, la situación sigue igual e incluso peor. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciaba en el Congreso de los Diputados que dicho colapso se debía a problemas coyunturales y circunstancias excepcionales. Para el sindicato, el ministro ‘falta a la verdad y engaña a la ciudadanía’.
Asimismo el director general de la Policía anunció que antes del inicio del verano se incorporarían funcionarios a las oficinas de expedición del DNI. “Estos refuerzos no solamente no han llegado, sino que cuando lo hagan serán tan pocos trabajadores que no permitirán salir del atasco”, critican.
“El incremento de citas por hora y la ampliación del horario de apertura de las oficinas solo han servido para degradar la calidad del servicio público y añadir presión al personal que lo presta. La ciudadanía y las empleadas y empleados públicos llevan dos años soportando una merma constante de sus derechos por parte de la Dirección General de la Policía y del Gobierno”, añade.
Todo esto supone una demora y una pérdida de tiempo para la ciudadanía y el personal, pero también una importante consecuencia económica, dado que la destrucción de soportes ha aumentado de manera exponencial y está suponiendo, según estimaciones de CCOO, el gasto de más de 15.000 euros diarios.
Además, el pago telemático sigue sin aliviar los tiempos de espera y por el momento tiene poco uso por parte de la ciudadanía. “Aun así es una medida incompleta sin la instalación de TPV en cada puesto de expedición, prevista para finales de este año”, concluye el sindicato.
