Desde 2007 existe en España una ley por la que se reconocen los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquistas. Se trata de la Ley de Memoria Histórica, que entre sus medidas incluye la identificación y localización de los restos mortales de las víctimas con un protocolo de actuación científica para las exhumaciones.
Esto ha supuesto la elaboración de un Mapa de fosas por el Ministerio de Justicia que está en constante actualización, y que recoge en la actualidad más de 2.000 fosas. A pesar de que en algunas Comunidades Autónomas como Aragón (598 fosas) o Andalucía (546) ofrecen datos pormenorizados, en Castilla y León no ocurre lo mismo, donde solo se ofrece constancia de 219 fosas.
Concretamente, en Salamanca el dato disminuye considerablemente con once fosas que albergaron más de 40 víctimas: siete de ellas trasladadas al Valle de los Caídos (Aldeadávila de la Ribera, Béjar, Fuenterroble de Salvatierra, Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte y dos en Salamanca) y cuatro exhumadas (Castillejo de Martín Viejo, Ciudad Rodrigo, Pelabravo y Salamanca).
Salamanca fue una de las primeras provincias que cayeron en las manos del bando franquista, y uno de los puntos estratégicos de la Guerra Civil, por lo que se podría pensar que no hubo un gran número de víctimas mortales por represión. Sin embargo, los archivos históricos lo desmienten y demuestran que esa represión fue ejercida con la misma contundencia que en otras ciudades españolas.
Más de 1.000 víctimas mortales en más de 80 fosas en Salamanca
La Asociación Salamanca Memoria y Justicia ha llevado a cabo una extensa investigación que les ha permitido elaborar un mapa con los enterramientos clandestinos en Salamanca. En él se recoge información de más de 80 fosas, tanto en el campo como en cementerios con más de 1.000 víctimas mortales por represión.
Se trata de víctimas civiles no involucradas directamente en la guerra, fueron personas represaliadas por su forma de pensar, no acorde al régimen o por su pertenencia a un partido de izquierdas. De esas más de 1.000 víctimas, en torno a unos 800 acababan en esos enterramientos por detenciones extrajudiciales –más conocidos como paseos– y sacas de la cárcel –supuestos traslados de presos que sacaban con diferentes excusas y acababan con la muerte–.
El mapa, como se puede observar en la imagen, ofrece zonas con más información, como puede ser la comarca de Salamanca o la de Béjar y Ciudad Rodrigo. Sin embargo, hay otras zonas, como Las Arribes, en las que el mapa está vacío, no porque no haya fosas, tal y como explican el arqueólogo David Hernández y la presidenta de la asociación, Luisa Vicente, sino por falta de investigación.
La Asociación ha trabajado durante años para recoger y cotejar los datos procedentes de la documentación de la época, sin embargo, estiman que el número de fosas sea aún mayor, a falta de conocer más testimonios orales sobre la localización exacta de las fosas.
La investigación se basó en 5.000 expedientes en El Ferrol con los registros civiles con las actas de defunción de las personas que fueron juzgadas en un Consejo de Guerra en Salamanca; en las actas de defunción en los registros civiles de Salamanca; o en expedientes de justificación para la obtención de la subvención de lo que se conocía como ‘Los huérfanos de la Revolución y la Guerra’, entre otros.
Diferencia de números
Sobre la disparidad de números entre el Ministerio de Justicia y sus propios datos, la Asociación apunta que entre sus datos no contaban con las fosas que recoge el Ministerio, por lo que sospechan que podrían ser militares, aunque no queda claro. En todo caso, señalan que cuando se hizo el mapa oficial, desde la Asociación no contaban con la cantidad de información que manejan actualmente.
No obstante, subrayan que a pesar de que el mapa oficial tiene zonas con más documentación, como Andalucía, “en el caso de Salamanca ese mapa está completamente desactualizado y desfasado, cuando lo hicieron no contaban con la información real de la represión en Salamanca”.
