El Pleno del Consejo de Cuentas ha dado luz verde al informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de planes de igualdad en los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León. El Consejo de Cuentas considera que los ayuntamientos fiscalizados han cumplido con su competencia legal en la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, utilizando planes municipales externos de igualdad de oportunidades. Asimismo, la mayoría de los ayuntamientos han aprobado planes internos de igualdad para sus empleados públicos, cumpliendo con su obligación legal.
En el caso de Salamanca, el Plan Municipal de Igualdad se encuentra en prórroga hasta la elaboración de uno nuevo, pero se destaca que prevé evaluaciones y seguimientos anuales. El Ayuntamiento ha cumplido con la remisión de su plan de igualdad de empleados públicos al registro correspondiente. Además, incluye medidas de discriminación positiva en procesos selectivos y adapta pruebas físicas con perspectiva de género. El Ayuntamiento realiza un seguimiento de su plan interno, aunque algunas medidas están en proceso o parcialmente cumplidas, y se encuentran en marcha acciones de promoción de la conciliación.
El Consejo de Cuentas ha emitido 10 recomendaciones dirigidas al conjunto de los ayuntamientos fiscalizados. En el caso específico de Salamanca, se recomienda revisar los criterios de desempate en procesos selectivos, priorizando criterios legales y objetivos antes de aplicar medidas de discriminación positiva. También se sugiere realizar un análisis exhaustivo de los requisitos para puestos de trabajo con exigencia física, y se insta a llevar a cabo acciones de formación en prevención de violencia de género, conforme a lo previsto en el plan municipal.
El informe concluye que 11 de los 14 ayuntamientos fiscalizados, incluyendo Salamanca, tienen planes de igualdad de empleados públicos. Todos los ayuntamientos prevén el seguimiento y evaluación de sus planes internos, y el Ayuntamiento de Salamanca es uno de los que ha efectuado este seguimiento. La Constitución Española y la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007 establecen la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad y prohíben la discriminación por razón de sexo.
