Este pasado miércoles, 10 de marzo, llegaron los primeros 10 menores extranjeros no acompañados (MENA) procedentes de Canarias a Castilla y León, fruto del acuerdo del protocolo de actuación firmado por la consejera de Familia, Isabel Blanco, con su homóloga canaria, Noemí Santana, para ordenar el procedimiento de traslado y garantizar la mejor atención de los adolescentes en todo momento.
Con la firma de ese convenio, Castilla y León se convertía en la primera comunidad autónoma de España en atender la petición de apoyo de Canarias a finales del pasado año, ofreciéndose a albergar en el territorio autonómico a 25 menores migrantes, cumpliendo así “con el principio de solidaridad interterritorial”, como destacaba Isabel Blanco.
Y es que la consejera recordaba que la Comunidad es “sensible a la situación” y una “tierra de acogida”, y más en este caso “en el que hablamos de menores”. Así, este miércoles llegaban los primeros diez MENA -9 niños y una niña, de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años. Por el momento han sido acogidos en dos centros de León y Palencia -cinco en cada provincia-.
La próxima semana llegarán otros 15 MENA, que también serán acogidos en las provincias de León y Palencia, así como en la de Zamora. Es decir, que ninguno de estos 25 menores extranjeros no acompañados vendrá a Salamanca, si bien la provincia charra ya acoge menores extranjeros tutelados.
De hecho, y con la inclusión de Zamora como lugar de acogida -la Junta continúa trabajando en la identificación de posibles centros de acogida para estos menores-, todas las provincias de Castilla y León, a excepción de Soria, estarán prestando cobertura a migrantes que no han alcanzado la mayoría de edad.
Respecto a las posibles críticas que puede suponer la acogida de MENA, Isabel Blanco recordaba que “nunca ha habido problemas en Castilla y León con los menores”. Por su parte, Francisco Igea, presente en la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, apelaba a la memoria de todos aquellos que vierten las críticas.
En concreto, el vicepresidente de Castilla y León les pedía “que se pongan en su lugar” y que pensasen en cuando tenían 13 años. “Y que piensen en cómo serían sus vidas si hubieran perdido a sus padres por la guerra o por enfermedades, si hubieran tenido que atravesar medio continente andando y si hubieran tenido que meterse en una barca de madera con 200 personas para cruzar el océano Atlántico, huyendo de la guerra y del horror”.
“No soy capaz de ponerme en la cabeza de las personas que critican esta política. Nosotros estamos comprometidos como comunidad autónoma, como nación y como partido, y estoy muy orgulloso del papel de esta Consejería”, finalizaba Igea.
Traslados escalonados y con la documentación correspondiente
Castilla y León ha sido siempre un territorio solidario y de acogida. En 2018, el Gobierno autonómico prestó apoyo a 133 menores extranjeros no acompañados, y en 2019 este número se elevó a 153. En el último año, atendió a 88 adolescentes migrantes a través de los recursos habilitados en cinco provincias (Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid), cuatro de ellas niñas. A 31 de diciembre, 29 de ellos seguían en el territorio autonómico.
Todos los MENA que han llegado esta semana portaban la documentación correspondiente: prueba de edad, informe social –donde se detallen las intervenciones sociales practicadas– e informe médico –con las pruebas realizadas–. Finalmente, se ha solicitado prueba reciente de detección del SARS-CoV-2 y la fecha en la que se hizo.
Disponer de esta información es imprescindible para garantizar que cada adolescente reciba una atención integral personalizada, adaptada a sus circunstancias, e integradora, en tanto la Junta, como administración tutelante, debe procurarles los medios y la formación necesaria para que pueden desarrollar su propio proyecto de vida cuando alcancen la edad adulta.
Los detalles para hacer efectivos dichos desplazamientos, siempre garantizando la máxima protección de los menores, se han ido perfilando en las diversas reuniones de trabajo entre los Gobiernos de Castilla y León y Canarias, que se han concretado en el protocolo de actuación firmado por las dos consejeras con competencias en servicios sociales. En dicho acuerdo se determina que los traslados de los 25 menores se harán de forma fraccionada en el tiempo.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha reservado presupuesto para afrontar los gastos derivados de su atención, a la espera de que el Ministerio cuantifique la financiación que va a aportar a la Comunidad y determine cuándo hará efectivo el traspaso de estos fondos.
La Junta hace efectivo así su compromiso solidario de cooperación y auxilio al Gobierno insular, que había reclamado ayuda para afrontar la crisis migratoria –agudizada desde la declaración de la emergencia sanitaria–, tras advertir del colapso de sus sistemas públicos de atención integral a menores.
Conforme al protocolo establecido, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias se ha hecho cargo de la gestión del desplazamiento y ha proporcionado la documentación necesaria para que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León pueda asumir de forma segura la tutela de los niños.
