Las actuaciones de inspección de transporte por carretera realizadas el año pasado controlaron un total de 22.950 vehículos en Castila y León, de los que 11.166 acabaron en denuncias. Las infracciones más numerosas fueron las relacionadas con los tiempos de conducción y descanso (69 por ciento del total), seguidas de los excesos de peso y autorizaciones para el transporte y, en menor medida, las referenciadas con la carencia y manipulación del tacógrafo.
Los controles llevados a cabo de manera coordinada entre la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil y la Policía Local en el año de la pandemia fueron muy inferiores a los de un ejercicio normal como ocurrió en 2019, cuando se contabilizaron 36.249 actuaciones, con el resultado de 18.231 denuncias.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente precisaron a la Agencia Ical que un elevado número de las denuncias es leve o incluso no todas acaban en sanción. En todo caso, de esas más de 18.000 denuncias cerca de un millar (950) supuso una inmovilización del vehículo.
También subrayaron que tantos los inspectores de Transportes como los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil son personal muy especializado y con una altísima cualificación, por lo cuando llevan a cabo un control es tras haber detectado alguna posible irregularidad de la normativa. De ahí que casi la mitad de los controles realizados por la Benemérita derive en una denuncia.
Unos datos que fueron ofrecidos hoy durante la inauguración de la Jornada de coordinación y especialización en materia de inspección de transportes, que organizaron la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Delegación del Gobierno en Castilla y León para formar a los miembros del sector de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales y al personal de los Servicios de Inspección de Transportes de la Comunidad que cada año intervienen en las campaña de inspección. La jornada se organizó en cuatro paneles con la participación de diez ponentes, entre ellos de la Fiscalía y representantes de las empresas del transporte por carretera.
Actuaciones que, tal y y como apuntó el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, se enmarcan dentro del Plan Anual de Inspección de Transporte por Carretera, cuyo objetivo último no es denunciar si no contribuir a la seguridad vial y asegurar la "leal" y "correcta" competencia dentro del sector del transporte. No en vano, reconoció que el simple control y la mera presencia de la inspección en la carretera ya impulsa el cumplimiento voluntario de las normas por su efecto disuasorio sobre las conductas infractoras en el sector, lo que a la postre se traduce en menos accidentes, menos muertos y menos pérdidas materiales.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, incidió en la importancia del sector por su implicación en la seguridad vial y por su peso en el ámbito económico. De ahí, la necesidad de llevar a cabo inspecciones para que la actividad se desarrolle en una competencia correcta y con garantías así como el cumplimiento de las reglas comunes.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Transportes, ejerce las competencias de transporte por carretera, incluidas las facultades de inspección. Entre ellas, están los controles de peso, de los tiempos de conducción y descanso, de los requisitos de los vehículos, de la revisión del tacógrafo, de la documentación de la autorización y de la carga. Además, el personal de la Junta lleva a cabo inspecciones 'in situ' a a empresas. Del total de 22.950 controlados el año pasado, la mayor parte (21.472) fueron inspeccionados en carreta, tanto nacionales como internacionales, y otros 1.478 vehículos fueron registrados en las propias compañías.
Además, durante 2020 se realizaron 1.185 inspecciones relativas al plan de prevención y control del COVID-19. No en vano, durante muchos meses del año el transporte por carretera fue un servicio esencial y hubo controles para evitar el riesgo de transmisión comunitaria del coronavirus.
