Salamanca encabeza un ranking preocupante por ser la provincia más afectada por el gas radón en toda Castilla y León. Este gas radiactivo, incoloro e inodoro, se filtra desde el subsuelo y puede acumularse en viviendas hasta alcanzar niveles peligrosos para la salud. El último mapa publicado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) clasifica a los municipios españoles según su concentración media de radón, y en el caso de Salamanca, más de la mitad de las localidades superan el umbral considerado de riesgo (300 becquerelios por metro cúbico).
El mapa del Consejo de Seguridad Nuclear divide el territorio en dos zonas según el nivel de exposición. La Zona I, donde entre el 10 y el 20 % de las viviendas superan los 300 becquerelios por metro cúbico, y la Zona II, donde más del 20 % sobrepasa ese límite. En Salamanca, más de 200 municipios se encuentran dentro de esta última categoría, lo que obliga a tomar medidas en obras nuevas y rehabilitaciones según la normativa vigente. Sin embargo, hay excepciones llamativas ya que localidades como Florida de Liébana, Valverdón o Forfoleda no aparecen reflejadas como Zona II ni siquiera en la clasificación del mapa, lo que sugiere que el riesgo en estas zonas es considerablemente más bajo o aún no ha sido evaluado con detalle. En contraste, el noroeste de la provincia concentran la mayoría de los municipios en color anaranjado, la muestra que señala el nivel más elevado de radón.
El riesgo que supone el gas radón dentro de las viviendas está lejos de ser insignificante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo señala como la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, solo por detrás del tabaco, y la primera entre personas no fumadoras. En España, el Ministerio de Sanidad estima que entre el 3 % y el 14 % de los casos de este tipo de cáncer podrían estar relacionados con la exposición prolongada al gas radón en espacios cerrados, especialmente en viviendas antiguas con escasa ventilación.
¿Es posible eliminar el radón de nuestras viviendas?
En una entrevista concedida a este medio en 2022, Begoña Quintana, responsable del Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación (LRI-D), adscrito al Departamento de Física Fundamental de la Universidad de Salamanca, explicó que sí es posible reducir e incluso eliminar el radón en los hogares, aunque depende del tipo de vivienda.
En el caso de edificios ya construidos, la forma más eficaz y sencilla de reducir su concentración es ventilar diariamente. “Estudios científicos indican que con 10 minutos por la mañana sería suficiente para suprimir la cantidad anormal de este gas que se haya podido acumular durante la noche”, señalaba Quintana.
Si, por el contrario, la edificación aún no ha sido levantada y se conoce que el terreno tiene una base rocosa con alto contenido en uranio, la solución pasa por diseñar los cimientos con sistemas de ventilación adecuados que impidan que el radón se acumule en el interior. La experta destacaba que los niveles más altos de radón suelen encontrarse en construcciones antiguas, muchas de ellas levantadas con materiales directamente extraídos de rocas graníticas.
“Actualmente, la normativa ya obliga a los constructores a tener en cuenta el contenido radiactivo de los materiales que se emplean, algo impensable hace décadas”, explicaba.
Medición y vigilancia en la provincia
En la entrevista, Quintana también detalló los métodos empleados por los expertos para detectar y controlar la presencia de radón en los espacios habitados. Existen detectores continuos que permanecen en una sala midiendo las partículas de forma constante, pero también se emplean otros sistemas pasivos, como materiales sensibles a la radiación que se exponen durante un tiempo determinado y posteriormente se analizan en laboratorios especializados.
En cuanto al seguimiento institucional, la Junta de Castilla y León ha intensificado los controles en la provincia de Salamanca, donde ha instalado medidores en viviendas y edificios públicos. El objetivo, según indican fuentes oficiales, es “establecer un sistema de vigilancia y seguimiento que permita determinar su presencia territorial y, desde esa información, reducir el potencial riesgo poblacional ante su exposición”.
Estos dispositivos permanecen colocados durante tres meses y, al ser de un solo uso, son retirados y sustituidos por nuevos en otras ubicaciones, con el fin de abarcar distintas zonas y obtener una visión más completa.
Nueva normativa obligatoria desde octubre de 2025
Además de los controles impulsados por la Junta, a partir de octubre de 2025 entrará en vigor la instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, una normativa que obligará a realizar mediciones anuales de radón en todos los centros de trabajo ubicados en municipios catalogados como de actuación prioritaria por su alta concentración de este gas. Así lo explica en una entrevista a Europa Press Héctor Rodríguez-Solano, ingeniero especialista en radón.
La nueva regulación afectará a cientos de miles de espacios laborales (colegios, oficinas, talleres, fábricas...) situados en plantas bajas y sótanos de los más de 1.600 municipios españoles clasificados como Zona II de riesgo, muchos de ellos en la provincia de Salamanca.
Según la instrucción, la medición oficial deberá realizarse cada año durante al menos tres meses, siempre en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, cuando la ventilación es menor y el radón tiende a acumularse en mayor concentración por el uso de calefacción y el cierre de ventanas.
La norma también establece plazos claros para actuar en caso de niveles elevados:
Si se detectan concentraciones entre 300 y 1.000 becquerelios por metro cúbico, hay un año de margen para aplicar soluciones correctoras, que suelen ser sencillas y no requieren notificación a la administración.
Sin embargo, si se superan los 1.000 becquerelios por metro cúbico, será obligatorio notificar el caso a la comunidad autónoma en el plazo de un mes e intervenir con una Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) acreditada para implementar las medidas necesarias.
