La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha firmado este martes el nuevo concierto sanitario con las aseguradoras Asisa y Adeslas, que estará en vigor desde este jueves, 1 de mayo, y durante los próximos tres años. A partir de este jueves, los mutualistas podrán cambiar su adscripción entre compañías o a la Seguridad Social en un plazo que se extenderá durante los meses de mayo y junio.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado positivamente la firma del nuevo acuerdo, que atribuye en parte a las movilizaciones, denuncias y actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses ante Muface, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado. No obstante, el sindicato exige que se publiquen con urgencia los cuadros médicos actualizados, tal como ya reclamaron en el último Consejo de Muface, celebrado el 26 de marzo, para que los mutualistas puedan tomar decisiones con información completa.
CSIF ha manifestado su preocupación por el desarrollo de las negociaciones entre Gobierno y aseguradoras, así como entre las propias compañías y los proveedores hospitalarios, en un contexto marcado por la retirada de grupos hospitalarios de otros conciertos sanitarios como los de Mugeju e Isfas, y por la salida de DKV del anterior concierto de Muface.
Estas circunstancias provocaron, según datos del sindicato, que más de 45.000 personas abandonaran el sistema concertado a fecha de 31 de enero de 2025, casi el doble de las que optaron por la Seguridad Social en el mismo periodo del año anterior. CSIF señala que estas personas ahora tendrán la oportunidad de volver al modelo de sanidad concertada si así lo desean.
El sindicato también ha lanzado un mensaje de advertencia al Gobierno: “No aceptamos que el informe de la AIReF se utilice como excusa para desmantelar el modelo de mutualismo administrativo”, un sistema que —según defienden— ha funcionado eficazmente durante décadas pero que ha visto mermada su calidad por la falta de financiación en los últimos conciertos.
CSIF exige compromisos claros para garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema de mutualismo administrativo, con recursos suficientes y condiciones que aseguren la calidad asistencial para los funcionarios que dependen de él.
