La equiparación salarial y el resto de demandas de los funcionarios tendrán que esperar, al menos, unos meses más. A pesar de que el Gobierno popular que ha presidido hasta ahora “mostraba voluntad, los avances no eran suficientes”, explica el presidente de CSIF, Federico Martín. El Gobierno circunscribía la negociación a la aprobación de presupuestos, que todavía no estaban listos al faltar el trámite de enmiendas del Senado.
Sin embargo, el escenario político actual ha cambiado la situación. El nuevo equipo de Gobierno deberá nombrar nuevos interlocutores, que necesitarán un tiempo para conocer sus nuevos cargos, por lo que implica que las negociaciones con el Estado seguirán paralizadas unos meses más, sin señales de un posible acuerdo.
Con el Gobierno regional las circunstancias son similares, ya que la Junta de Castilla y León también pone los presupuestos por delante antes de llegar a un acuerdo. Sin embargo, Federico Martín explica que desde los sindicatos han hecho propuestas que no están supeditadas al presupuesto, y que se podrían implementar ya.
“Hay un catálogo de medidas que pueden plantearse y no tienen coste, solo dependen de voluntad política”, afirma. Entre esas medidas se incluye la despenalización de la enfermedad de los trabajadores, así como el aumento de enfermedades profesionales o la flexibilización de horarios.
