El Gobierno de Pedro Sánchez hacía público este lunes un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, garantizando que las medidas impuestas no supondrán "recortes" en el suministro para las familias e industria, y asegurando asimismo que serán beneficiosas, ya que se traducirán en "ahorros en la factura de la luz y en la competitividad de la industria".
En concreto, el decreto de medidas de ahorro energético está relacionado con la temperatura que ya se aplican en los organismos de la Administración a los transportes públicos, centros de trabajo, comercios y negocios de cara al público, y también con el alumbrado.
Pues bien, este martes, 2 de agosto, el periódico nacional El Mundo ha informado de las sanciones a las que podríamos enfrentarnos por incumplir dichas restricciones energéticas.
El dinero que podría ser reclamado por incumplimiento oscila entre los 3.000 y los 90.000 euros de acuerdo con la Ley de Industria de 1992, según asegura El Mundo, quien insiste en que “estas cuantías se corresponden con las infracciones que se consideran leves -sancionadas con hasta 3.000 euros- y las calificadas como graves -castigadas con entre 3.001 euros hasta 90.000”.
En sentido, tal y como asegura este medio anteriormente citado, “las infracciones graves incluyen la ocultación o alteración dolosa de los datos y la resistencia o reiterada demora en proporcionarlos, la expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos o el incumplimiento de las prescripciones dictadas por la autoridad competente”. Mientras que las leves “hacen referencia al incumplimiento de cualquier prescripción reglamentaria y a la falta de colaboración con las Administraciones Públicas en el ejercicio por éstas de sus funciones”.
Cabe destacar que habrá excepciones en cuanto a los establecimientos y edificios que se encontrarían exentos de la aplicación del límite de temperatura impuesto por el Gobierno de España.
