Durante la mañana de este lunes, la Administración de Justicia ha sufrido una caída generalizada de los programas de gestión procesal. Esta incidencia, tal y como denuncia el sindicato de Comisiones Obreras de Salamanca, no se trata de un hecho aislado: “Es un problema estructural. Esto se suma a las continuas disfunciones informáticas derivadas de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2025”, explican.
Tal y como apuntan, en las últimas semanas se han repetido fallos generalizados que están afectando directamente al funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales: “Se está viendo afectada la prestación del servicio público”, denuncian, añadiendo la insostenible carga de trabajo que suponen estos continuos fallos.
"La reiteración de estas situaciones está provocando un aumento del estrés laboral y de la presión sobre el personal de la Administración de Justicia, que no cuenta con refuerzos ni recursos adecuados”, argumenta CCOO. Además, el sindicato asegura que dichos fallos se han comunicado continuamente al Centro de Atención al Usuario (CAU): “La respuesta está siendo cada vez más insuficiente, evidenciando un deterioro progresivo del sistema de soporte técnico”.
Por otro lado, estas caídas afectan también al sistema SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia), la herramienta desde la que se manejan penas, requisitorias, órdenes de alejamiento y medidas alternativas; “algo esencial en esta administración”.
Como principal causa de estas continuas incidencias, Comisiones Obreras de Salamanca apunta a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2025. Según dicho sindicato, estas modificaciones no se pueden llevar a cabo sin la debida dotación de refuerzos, algo que llevan solicitando “hasta la saciedad” desde la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia el pasado mes de enero.
Por todo ello, el sindicato exige soluciones inmediatas, seriedad en la gestión de los programas que utiliza el personal en su día a día, la revisión del modelo y la adopción de medidas que garanticen tanto el correcto funcionamiento de los sistemas como unas condiciones laborales dignas para el personal.
