El STAJ (sindicato de trabajadores de la administración de justicia), sindicato mayoritario de funcionarios de Justicia en Salamanca, ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Salamanca las situaciones derivadas por la nueva ubicación y el traslado de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo número 1 y 2, así como el juzgado de Menores con motivo de la entrada en funcionamiento del Jugado de lo Social nº 3 el día 31 de diciembre de 2023.
El día 27 de este mes, según el sindicato, se ha presentado la pertinente denuncia en base "a la caótica gestión de las obras y traslado en las dependencias de Torres Villarroel. No se puede tolerar el menosprecio causado a los trabajadores de Justicia de Salamanca implicados, que tuvieron que comparecer en sus nuevos puestos de trabajo, sin calefacción (hoy siguen utilizando calefactores en las dependencias), sin informe de la unidad de coordinación de riesgos laborales del Ministerio de Justicia sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo conforme a lo que establece el Real Decreto 486/97 de 14 de abril, con el desconocimiento de la existencia de protocolos de evacuación en caso de incendio, con un solo ascensor de acceso por el momento a séptimo piso. Todo esto se agrava con respecto al próximo traslado a realizar del Juzgado de Menores el día 4 y 5 del mes de diciembre dado el especial carácter de este juzgado al pertenecer a la jurisdicción penal y tratar con menores".
A través de un comunicado de prensa, el sindicato continúa denunciando que este Juzgado se va a ubicar en la planta séptima, "a la que tendrían que acceder los detenidos, sin seguridad, sin una salida de emergencia, sin estar habilitado para personas con deficiencias física, sin espacios diferenciados para la espera de las victimas garantizando así el no encontrarse con los acusados, con la sala de vistas al final de las dependencias del juzgado con la probable acumulación de público fuera dentro de las dependencias judiciales, sin sala de espera, separado el Juzgado de la Fiscalía de menores y de los servicios Psicosociales, sin dependencias para el Fiscal". Del mismo modo se realizan una serie de preguntas: "¿Dónde tendría que aparcar el coche o furgón del detenido? ¿En la parada de taxis que hay en el exterior? ¿Por dónde habrían de subir a un detenido, por el ascensor? ¿Por siete pisos de escaleras? Todo un auténtico despropósito"
En ese sentido, desde la Junta de Personal, a través de la comisión permanente "se requirió el día 24 de noviembre a la Gerencia Territorial de Justicia de Valladolid, a fin de que informara a la mayor brevedad posible dada la inmediatez de los cambios, sobre cuáles fueron los criterios de llegar a las decisiones que se han tomado para dichos traslados (en especial el Juzgado de Menores), en base a que informes y si existieren estos ponerlos en conocimiento de la Junta para trasladar el contenido a los trabajadores afectados. También se requirió a Gerencia Territorial de Justicia en la persona de su Gerente territorial para que informara si existía informe de la Unidad de Coordinación de Riesgos laborales del Ministerio de Justicia", apuntan desde STAJ, añadiendo que no han recibido respuesta.
Por todo esto, STAJ denuncia y anuncia que elevará queja formal ante la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, "a fin de que con rigor, se depuren responsabilidades y practiquen los ceses correspondientes tanto en Gerencia Territorial de Justicia de Valladolid, responsable en materia de personal de los funcionarios de la administración de justicia involucrados, como en Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, por la caótica gestión las obras realizadas y la gestión de estos traslados".
