Un nuevo Real Decreto aprobado el pasado mes de febrero y ya en vigor obliga al comprador a que la instalación de un equipo de aire acondicionado sólo se lleve a cabo por profesionales certificados y a que el usuario informe al establecimiento donde lo compró de la empresa que lo instala. Según informa la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (Cecu), además, al comprar el equipo, el usuario tendrá que rellenar en la tienda un formulario con sus datos en el que se le informa de esta obligación.
Estas son las nuevas obligaciones para los usuarios que marca el RD 115/2017, sobre manipulación de gases fluorados, que traspone una norma europea y busca garantizar la trazabilidad de los gases fluorados de efecto invernadero altamente contaminantes presentes en este tipo de aparatos.
A la compra del equipo, el usuario tendrá que cumplimentar un formulario con sus datos y los del equipo que adquiere. En él se le informa de la obligación de que sea instalado por profesionales certificados.
Cuando el aparato sea instalado, usuario e instalador tendrán que rellenar y firmar un nuevo documento en el que se concretan los datos del dueño del equipo, las características del aparato y los datos de la empresa instaladora y del profesional que lo ha colocado.
Este documento tendrá que ser remitido al comercializador en un plazo máximo de un año. Tanto el usuario como el establecimiento deberán conservarlo durante cinco años para posibles inspecciones y, a partir de 2018, el comercio tendrá que informar a las autoridades de su comunidad autónoma de los compradores que no hayan facilitado esa información.
Y, atención, que el usuario (así como el comercio) pueden ser sancionados si incumple estos trámites en base a la Ley 34/2007 de calidad del aire y de protección de la atmósfera, que fija multas de hasta 20.000 euros.
Este procedimiento de trazabilidad asegurará que los aparatos de aire acondicionado sólo sean manipulados por un profesional certificado para la manipulación de gases fluorados que trabaje en una empresa instaladora habilitada para la realización de este tipo de instalaciones, una cuestión que, aunque ya era obligatoria, se incumplía en muchas ocasiones.
