La Junta de Castilla y León ha elaborado un Acuerdo Marco para mejorar la prestación de servicios sociales en la comunidad autónoma que durará hasta 2023. Para ello, destinará 448 millones de euros a las diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, por lo que a la provincia de Salamanca le corresponderán unos 60 millones de euros.
Este Acuerdo Marco, aprobado el 5 de diciembre de 2019, pretende ampliar la financiación y duración de servicios destinados a unos 180.000 habitantes de Castilla y León.
Los objetivos de esta iniciativa son mantener la red de servicios sociales, potenciar los que prestan las corporaciones locales y dar estabilidad al empleo de los 144 profesionales de la provincia salmantina que trabajan en este ámbito y que son retribuidos por la Junta de Castilla y León.
“Un gran rasgo de este Acuerdo Marco es que busca estabilizar el empleo de acción social”, destaca Rosa Esteban Ayuso, procuradora del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León.
Su compañera Carmen Sánchez Bellota añade que este plan se diferencia de medidas anteriores en su financiación y en su ampliación a cuatro años para que haya más estabilidad y las acciones sean más efectivas y eficaces”, por lo que entiende que ayudará a que la comunidad autónoma sea “referencia a nivel nacional en este aspecto”.
