Las administraciones siguen encontrando dificultades en 2024 para encargar obras públicas con un presupuesto ajustado en un escenario con un mayor número de proyectos y en el que los precios de las materias primas siguen siendo elevados. Tan sólo en los dos primeros meses del año, 18 licitaciones se quedaron desiertas, dejando en el aire unas inversiones que rondaban los nueve millones de euros.
Los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, consultados por Ical, reflejan que los problemas que algunas administraciones, sobre todo las locales, tenían para contratar obras siguen persistiendo en 2024, a pesar de que la inflación se ha moderado y se han restablecidos los suministros de materias primas, afectados por las restricciones del comercio internacional en otros ejercicios.
Sin embargo, las administraciones han tenido que declarar 18 licitaciones, con fecha de apertura en 2024, como desiertas al no encontrar ninguna empresa interesada en ejecutarlas. De ellas, 13 pertenecen a las entidades locales por un importe de 2,32 millones; cuatro a la Administración autonómica, por 6,61 millones, y una a la central, por 44.153,41 euros.
La actuación de mayor importe que se ha visto paralizada es una licitación por algo más de seis millones de euros que publicó Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), dependiente de la Junta, para construir una promoción de viviendas en alquiler, en modalidad colaborativa, en la calle Mieses de Valladolid.
También, destaca por algo más de un millón otro concurso para la peatonalización de la calle Burgos, Don Sancho, La Cestilla, plaza Isabel La Católica, Menéndez Pelayo y Antonio Maura de la ciudad de Palencia y por casi 400.000 euros la ampliación del CRA (Centro Rural Agrupado) Maestro Emilio Alonso, de Azadinos, en Carbajal de la Legua (León).
Esta situación detectada por la Cámara de Contratistas tuvo mayor incidencia en 2023, porque se contabilizaron un total de 170 obras desiertas en Castilla y León, con una inversión total acumulada de 47,93 millones. Por un lado, la Administración central y la autonómica tuvieron que anular 21 concursos cada una, pero con un presupuesto diferente, porque en el primer caso fue de 8,28 millones y en el segundo de 6,26 millones. A ellas se unieron las entidades locales, las más afectadas, con 128 licitaciones anuladas por 33,38 millones.
La falta de presupuestos tanto del Estado como de la Comunidad parecen pasar factura a la obra pública. Durante los dos primeros meses del año, las administraciones licitaron 215 millones de euros en Castilla y León, lo que supone un 12,8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2023. La Administración central alcanzó los 97 millones, cifra que se disparó un 198 por 100, hasta representar el 45 por ciento del total.
En el caso de la Junta, acumuló 49 millones de euros, un 23 por ciento, tras descender un 59,6 por ciento en relación al año pasado. En cuanto a la administración local, la suma alcanza los 69 millones, un 26,3 por ciento menos y un 32 por ciento del total, superando a la inversión autonómica.
Por provincias, la inversión en obra pública de las administración creció en Valladolid hasta los 70,1 millones. Le siguió en segundo lugar Soria con 43,8 millones, y a continuación figuran Salamanca, con 35,4 millones; Burgos, con 26,5 millones, y León, con 21 millones. Por debajo de las dos cifras, figuran Palencia, con 5,8 millones; Ávila con 2,8 millones, y Zamora con 2,4 millones, más allá de los 510.000 euros sin provincializar.
