Tras conocerse el contenido definitivo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valora de forma "insuficiente" la manera en la que el programa pretende promover el alquiler y facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables.
Según OCU, las ayudas en dinero destinadas a la compra de vivienda o al pago de rentas de alquiler "puede suponer un alivio puntual para determinadas personas, pero no es la respuesta al actual problema de acceso a la vivienda de nuestro país".
En opinión de la Organización, "para cientos de miles de jóvenes -y no tan jóvenes-, que no disponen de ahorros suficientes para la compra de una vivienda ni ingresos mensuales estables o suficientes para hacer frente a cuotas de hipoteca, una ayuda de 10.800 euros no les resuelve el problema". La OCU cree que esta aportación "aliviará a unos pocos, pero no contribuye a resolver el problema general".
Además, la Organización de Consumidores cree que el aumento del precio del alquiler en las grandes ciudades tampoco se va a frenar con ayudas al pago para los inquilinos. Por el contrario, la OCU considera que el foco "debería estar mucho más dirigido a aumentar laoferta de vivienda asequible en alquiler, sobre todo pública, para lograr un reequilibrio entre oferta y demanda, adaptado a la realidad de los ingresos de los hogares de nuestro país".
Por otro lado, la OCU cree que aún persisten "problemas de fondo" que se deben afrontar. Así, la Organización considera que se debería "volver al plazo de 5 años para la duración de los contratos, con el fin de ofrecer más estabilidad a los hogares y hacer del alquiler una opción real de modo de vida en España". Asimismo, cree que se debería modificar la LAU "para que la venta de la vivienda arrendada no suponga la extinción del contrato de arrendamiento, y que se respete su duración legal".
La OCU considera que "las autoridades de Consumo deberían afrontar con decisión el problema de los abusos en el cobro sistemático de comisiones de agencia a los inquilinos en aquellos casos en los que este no encargue a la agencia la búsqueda de una vivienda, sino que es él mismo quien la encuentra y concierta las visitas". Según la OCU, "esos cobros han sido declarados abusivos repetidamente por los tribunales de justicia, pero son impuestos a los inquilinos sin que estos puedan hacer nada por evitarlo, salvo renunciar a la vivienda".
Para la OCU, "la regulación de todo el proceso constructivo de la vivienda en España, desde la planificación y transformación del suelo hasta la inscripción del inmueble, pasando por las licencias y controles municipales está atrasada, resulta ineficiente, es excesivamente cara y por tanto contraria a su fin último: facilitar el acceso del ciudadano a una vivienda asequible".
Por último, la Organización aboga por que se simplifiquen los trámites urbanísticos y constructivos, además de la burocracia notarial y registral, junto con una clarificación y reducción del conjunto de impuestos y tasas actualmente existentes, "para abaratar el proceso constructivo y producir viviendas más asequibles para los ciudadanos".
Con todo esto, la Organización considera que "el problema de la vivienda debería ser abordado de una vez en toda su amplitud, con consenso y valentía, no a base de parches".
