Once años después de su intervención judicial, la antigua cúpula de Fórum Filatélico se sienta desde este lunes 18 de septiembre en el banquillo, acusada de los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero. Facua-Consumidores en Acción es una de las asociaciones de usuarios que ejerce la acusación particular y representa a alrededor de 3.000 asociados afectados por el macrofraude.
El juez ponente del caso, Javier Martínez Lázaro, falleció el pasado viernes a los 63 años a consecuencia de una larga enfermedad. Ello ha llevado a que sea nombrada como sustituta la magistrada Sara Oleas Molinera.
Facua recuerda que en estos años han fallecido nueve testigos del caso y también numerosas víctimas de una estafa que ha destrozado la vida a multitud de familias. La asociación lamenta la enorme lentitud en la instrucción de una causa que representa uno de los más claros ejemplos de los insuficientes recursos con los que cuenta la Justicia española.
La complejidad del caso no justifica que la instrucción durase nada menos que diez años, critica Facua, que denuncia que en todo este tiempo, ningún Gobierno ha llevado a cabo las medidas necesarias para aliviar el colapso que viven multitud de juzgados y dotar de medios suficientes al sistema judicial. Muestra de ello, advierte la asociación, es la situación que padecen las víctimas de otro macrofraude: el cometido por la banca con las cláusulas suelo, para el que el actual Ejecutivo está poniendo parches que agravan la situación en lugar de mejorarla.
Los directivos de Fórum Filatélico estafaron presuntamente 3.702 millones de euros a 269.203 clientes que invirtieron sus ahorros en una colección de sellos a la que se otorgaba un valor muy superior al del mercado. El que fuera presidente y consejero delegado de Fórum, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de hasta veintisiete años de cárcel como "líder de una organización de marcado carácter presidencialista" que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones.
En total hay veintinueve personas acusadas, además de siete partícipes a título lucrativo y seis empresas responsables civiles subsidiarias. Entre los acusados están quien fuera director general de la filatélica, Antonio Merino Zamorano, el asesor jurídico, Juan Ramón González, sus auditores, José Carrera y Rafael Ruiz, y todo su consejo de administración, integrado, junto a Francisco Briones, por Miguel Ángel Hijón Santos, Agustín Fernández Rodríguez, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá Mercadé. La Fiscalía solicita para ellos penas de entre dos y dieciséis años de prisión por participar de una actividad de captación masiva de fondos mediante contratos de inversión filatélica que ofrecían elevadas rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal.
Están programadas treinta y ocho sesiones hasta el próximo 15 de diciembre en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.
El Ministerio Fiscal sostiene que Fórum Filatélico desplegó "durante años" una actividad de captación masiva de fondos del público en todo el territorio nacional mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a las ofertadas por las entidades bancarias.
Entre 1979 y 2006
La empresa estuvo en operación desde 1979 a 2006, cuando fue intervenida judicialmente junto a Afinsa. El 22 de junio de 2006, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid declaró a Fórum Filatélico en situación de concurso con un desfase patrimonial de -2.848 millones de euros. Tras años después, el 9 de mayo de 2009, la sociedad fue intervenida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella tras la investigación desarrollada por la AEAT.
Anticorrupción detalla en su escrito de acusación que Fórum Filatélico se dedicó durante años a captar de manera masiva fondos del público por toda España mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica, ofreciendo a cambio rentabilidades superiores a las de las entidades bancarias.
Así, explicaba a sus clientes que los intereses que se les pagaban derivaban de la revalorización de los sellos que asignaba a sus contratos, cuando en realidad los abonaba con las aportaciones a otros clientes dentro de un esquema piramidal que le obligaba a captar nuevos inversores permanentemente.
Cuando la sociedad fue intervenida, Fórum había captado más de 3.200 millones de euros de 269.000 inversores a través de 393.000 contratos. Sin embargo, carecía de patrimonio para devolver esas aportaciones, dado que su mayor activo era la filatelia, "que valoraba libremente a través de unas listas propias cuyos precios incrementaba sistemáticamente cada trimestre cuando en los catálogos filatélicos era 11 veces menor y en el mercado real" casi nulo.
La Fiscalía destaca la imposibilidad de colocar en el mercado los más de 121 millones de sellos depositados en sus instalaciones. "De hecho, en la última época, Fórum Filatélico no fue capaz de encontrar ninguna entidad que se prestarse a asegurar los sellos por el valor asignado en sus listas, por lo que su stock filatélico y el de los clientes se encontraba sin asegurar", explica.
También apunta que una gran parte de los fondos que captó la sociedad fue empleada en "alimentar" su propia maquinaria piramidal y satisfacer las elevadas retribuciones de sus administradores y directivos, así como los crecientes gastos de su red comercial.
El resto, se destinó a una red compleja de sociedades extranjeras interpuestas al servicio del fraude que operaban como supuestos proveedores de filatelia.
Diez años de instrucción
La instrucción del procedimiento duró diez años y por ella pasaron tres magistrados: Fernando Grande Marlaska, Baltasar Garzón y Pablo Ruz. La causa se compone de cientos de tomos y de decenas de cajas con decenas de miles de documentos incautados en más de 20 registros judiciales practicados en domicilios de diversas sociedades y particulares.
A lo largo del proceso ha sido necesario remitir hasta 115 comisiones rogatorias a jurisdicciones de 24 países y territorios, en ocasiones sin obtener resultados.
