Crisis que se han enlazado, la subida de precios generalizada en la energía y alimentos, situaciones de desempleo, … son muchas las causas que han hecho que en 2022 en Salamanca y su provincia más de un millar de familias necesitaran ayuda para hacer frente a su día a día. Son las denominadas ayudas de emergencia social que permiten a las administraciones actuar de forma rápida ante problemas puntuales que puedan tener las personas y que les impidan abonar gastos de alquiler, hacer la compra o hacer frente a la factura de la luz.
Unas ayudas que se prestan tras pasar el control de servicios sociales y que permiten a las familias poder subsistir ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Su finalidad es cubrir total o parcialmente, gastos específicos derivados de una necesidad básica de subsistencia. Para la concesión de esta prestación es esencial la existencia de una necesidad básica y que se dé la situación de urgencia social. Son, por tanto, una herramienta prevista para cubrir necesidades coyunturales y poder tener una respuesta rápida, sobre todo para aquellas personas que tienen una situación de urgencia y no tienen derecho a otra prestación” asegura la diputada de Bienestar Social, Eva Picado. Unas ayudas para las que es fundamental flexibilizar su gestión con el fin de actuar con rapidez, aunque siempre “teniendo en cuenta criterios objetivos”.
Tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Salamanca cuentan con una importante dotación de fondos para poder dar solución en estos casos extremos. También los Ayuntamientos más grandes de la provincia cuentan con líneas de ayuda o capacidad para intervenir en algunos casos, a veces directamente o a través de convenios con ONG. Con las entidades del sector también trabaja la Diputación de Salamanca. De hecho, en el último año ha incrementado la dotación para financiar los convenios con las ONG con las que colaboran ya que estas llegan donde la Salina no puede hacerlo.
En el caso de la capital salmantina, la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento destinó en 2022 un total de 966.195 euros a ayudas destinadas a las familias más vulnerables de la ciudad y que forman parte de programas que incrementan las oportunidades para la integración plena de las personas en la vida económica, social y cultural de la sociedad en la que viven. El millón de euros se repartió en un total de 955 subvenciones. Unas ayudas que son complementarias tanto del Ingreso Mínimo Vital como de la Renta Garantizada y puntuales, ya que dependen de la demanda de las familias solicitantes. Las ayudas ordinarias de emergencia social beneficiaron a un total de 644 familias de la capital salmantina, con una dotación de 772.407 euros. Además, desde el área de Familia se concedieron 27 extraordinarias, la mayoría en casos de insolvencia hipotecaria, con un importe de 78.765 euros.
La ‘pobreza energética’ es otro de los grandes problemas actuales. La subida de los precios de la energía ha puesto entre la espada y la pared a muchas familias que no pueden hacer frente a las facturas de la luz y el gas. Para ello, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca ha habilitado ayudas destinadas a este fin que beneficiaron en 2022 a 282 familias con una dotación de 112.121 euros.
En el caso de la Diputación, el presupuesto para las ayudas de emergencia social es de casi un millón de euros. “Desde hace años contamos con un presupuesto holgado para cubrir necesidades coyunturales de la provincia”, asegura Eva Picado. En 2022 se concedieron 383 prestaciones de las 432 presentadas, lo que supuso un importe global de 420.276 euros, con una ayuda media por expediente de 1.097,33 euros. Ayudas que en algunos casos necesitan complementarse con otras lo que supone que “la situación de las personas se está cronificando”, según asegura Picado que añade que “en algunos casos tenemos que recurrir a más de una ayuda de emergencia para una familia por lo que nos preocupa mucho la cronificación de algunas personas que no llegan a otro tipo de prestaciones”. Algo que intentan solucionar a través de otros programas que trabajan por mejorar la empleabilidad de las personas, muchas veces agravada por temas como edad o cargas familiares. La necesidad de recurrir a este tipo de ayudas, según la diputada, responde en algunos casos a la “inflexibilidad de otras prestaciones, que abocan a esto. Hay prestaciones como el ingreso mínimo vital con unos criterios complicados o bien que nos obligan a intervenir hasta que se resuelva”.
En las ayudas que concede la Diputación de Salamanca existen tres líneas de acceso: ordinaria, extraordinaria por insolvencia hipotecaria y extraordinaria dirigida a apoyar a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad social. El 99,74% se han tramitado por el sistema ordinario, importando el 99,52% de la cuantía total. Una ayuda tiene carácter extraordinario por insolvencia hipotecaria, cuyo importe representa el 0,48% respecto del total concedido.
No deja de ser curioso el fin de estas ayudas de emergencia. Las prestaciones de carácter ordinario se han centrado mayoritariamente para necesidades básicas de vivienda con 201 subvenciones. Estas ayudas han contemplado principalmente entre sus gastos el abono de facturas de suministro de energía eléctrica, agua, gas, etc. importando este concepto el 16,43% de la cuantía total. En segundo lugar, en cuanto orden de importancia se han dado 176 ayudas destinadas a abonar gastos de alquiler, que representan el 32,02 % del importe, 173 ayudas destinadas a gastos de alimentación, cuyo importe representa el 20,11% del total, 128 ayudas destinadas a “Otros” que representan el 9,97% del importe, 72 ayudas para cuidados personales esenciales (vestido, higiene, etc.) que representan el 4,71%. También cabe destacar, según los datos aportados por la Salina, que se han concedido 22 ayudas para alojamiento temporal de urgencia.
Por zonas, el mayor número de solicitudes a la Zona de Acción Social de Peñaranda, desde donde se han gestionado 73 solicitudes; 60 solicitudes se han tramitado desde Las Villas, desde Rural Norte, 56 solicitudes. En el resto de ZAS se han tramitado 50 (Alba de Tormes) o un número inferior. Si se analiza esta información a nivel municipal, en 89 municipios de los 361 de la provincia reside algún titular de las prestaciones económicas que se han concedido, siendo los municipios de Peñaranda de Bracamonte (36), Santa Marta de Tormes (32), Béjar (23), Ciudad Rodrigo y Villamayor (22), en los que reside el mayor número de personas.
Ayudas a la dependencia del Ayuntamiento de Salamanca
Además, el Ayuntamiento de Salamanca destinó durante el pasado ejercicio 6,4 millones de euros a través de la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades a las ayudas a la dependencia. En este apartado, 6.335 personas fueron beneficiarias de algunas de las tres áreas en las que se divide esta partida, a la que se destinó un total de 6,4 millones de euros.
El Servicio de Ayuda a Domicilio contó con 1.824 personas beneficiarias, con una aportación municipal de 5 millones de euros. Además, otras 835 personas formaron parte del programa de Comida a Domicilio, con un gasto realizado por el Consistorio de 1,3 millones de euros. Además, el servicio de teleasistencia, cuyo coste es aportado por la Junta de Castilla y León, benefició a 3.676 personas en la ciudad.
