La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, advierte de que la temporalidad en este ámbito ha alcanzado un nuevo récord, con 1.101.300 personas en esta situación.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2021, en el último año se han realizado 169.700 contratos temporales, como consecuencia de los refuerzos para afrontar la epidemia del covid19, fundamentalmente en la Sanidad y la Educación.
De esta manera, la tasa de temporalidad se sitúa en el 31,6 por ciento, frente al 21,9 por ciento general (10,5 puntos más).
Además, se da la circunstancia de que el 67 por ciento de estos contratos temporales corresponden a mujeres, lo que pone también en evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al Covid.
Las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario y continúen abusando de la contratación temporal. Por este motivo, reclamamos que se acelere la tramitación urgente de la Ley para reducir la temporalidad, actualmente en el Congreso de los Diputados, pendiente de debate y votación.
No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica. Para ello, CSIF reclama a los grupos parlamentarios sentido de estado para impulsar una norma que garantice la seguridad jurídica y plazos de ejecución de los procesos selectivos que se convoquen.
