Los trabajadores de la justicia de Salamanca se han vuelto a concentrar para defender unas retribuciones y condiciones laborales dignas. La movilización, convocada por los sindicatos mayoritarios del sector Justicia, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, fue a las 12 horas ante la puerta de los Juzgados de Plaza Colon en Salamanca.
Ramoni Ledesma, del sindicato STAJ, explicó que continúan con las movilizaciones porque, tras las dos primeras concentraciones sucedidas en el mes de marzo, no se ha logrado ningún avance y continúan con una diferencia salarial y unas condiciones de trabajo, como falta de medios, no equitativas con el resto de trabajadores de otras trabajadores autónomas. De igual manera, Ramoni Ledesma aseguró que o el Ministerio de Defensa comienza la negociación o se continuarán con las movilizaciones.
Sandra de la Posada, representante de CC.OO., también incidió en que no exigen “solamente las mejoras salariales, sino también la mejora de las condiciones laborales”, ya que las nuevas aplicaciones informáticas se están aplicando “en precarias condiciones”, sin información para los trabajadores y sin mejorar las condiciones laborales de estos.
Por su parte, Teresa Martín, de UGT, denunció que el Ministerio de Justicia aún no se ha reunido con los representantes de los trabajadores de justicia, pese a que llevan tiempo reclamándolo, así como que el ministro les ha engañado imponiendo unas medidas “según ellos técnicas, unas enmiendas”, cuando no lo son, ya que se trata “de un verdadero castigo a los derechos de los trabajadores”.
De igual manera, lamentó que se haya establecido a Salamanca como “centro de destino, lo que supone con acabar con la movilidad voluntaria, con la especialización, con la seguridad en el empleo y con los interinos”, entre otras cosas, lo que repercutiría en el fin “de la independencia judicial”.
Por último, Emilio Hernández, de CSIF Justicia, quiso reivindicar “la dignidad de los funcionarios de justicia, que tradicionalmente realizan competencias que no le corresponden” y que se han visto agravadas con las tecnologías de la justicia digital, asumiendo tareas “que en teoría tendrían que ser función de los letrados y que cobran por ello”.
Esta nueva movilización en Salamanca se suma a las organizadas en otras provincias a lo largo de la semana. En todas ellas, critican “la falta de respuesta del Ministerio de Justicia”, del que dependen los funcionarios de la Administración de Justicia, y demandan, entre otras reivindicaciones, un incremento económico que elimine la brecha salarial respecto a los territorios transferidos y que retribuya adecuadamente el trabajo que se realiza.
Según los sindicatos, desde el año 2008 el Ministerio de Justicia “se ha venido negando a negociar la actualización del complemento específico, lo que ha propiciado que, de nuevo, el personal de este ámbito territorial sea el que, con diferencia, peores complementos retributivos perciben”.
Del mismo modo, critican que en este ámbito se está produciendo al ritmo que impone el ministerio la implantación de LexNet, del Expediente Judicial Electrónico y de la nueva oficina judicial y fiscal, lo que está “obligando a la plantilla a realizar en precarias condiciones de formación y de funcionamiento de los sistemas y programas informáticos un sobreesfuerzo muy significativo y un incremento de las funciones y especialización”.
Los sindicatos informan de que el personal de Justicia solicita además la apertura de negociaciones con el Ministerio para el establecimiento de complementos especiales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y otros órganos de especial dificultad, penosidad o insularidad; la eliminación de los descuentos en las bajas por enfermedad; la extensión del complemento de productividad (que solo cobra el cuerpo de Letrados) a todos los cuerpos funcionariales; el incremento de los fondos de acción social; un nuevo plan de formación profesional con suficiente dotación presupuestaria y con planes especiales para nuevas tecnologías y violencia sobre la mujer; la conversión inmediata de todos los las plazas de refuerzo con antigüedad de más de tres años en plazas de plantilla; creación de nuevos juzgados e incremento de la plantilla donde las cargas de trabajo lo justifiquen; el abono del 100% de las retribuciones cuando se producen sustituciones a un puesto de superior categoría; la negociación del Plan de Igualdad y la implementación de medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y un plan de actuación para las frecuentes ampliaciones de la jornada laboral en los juzgados y fiscalías de guardia y en la celebración de juicios.
Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Esta campaña de movilizaciones, que afectan exclusivamente al ámbito no transferido, coincide en el tiempo y se suma a las que con carácter general se vienen realizando desde los sindicatos por el rechazo a la “reciente propuesta unilateral” del Ministerio de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para convertir todo el municipio en un solo centro de destino y restringir el nombramiento de personal interino. Movilizaciones que afectan tanto al territorio no transferido como al resto de comunidades autónomas con competencias.
Los sindicatos exigen al ministro Catalá “que abandone las buenas palabras y que se siente de una vez a negociar con los representantes sindicales para solucionar los gravísimos problemas que padece la Administración de Justicia española y sus trabajadores y trabajadoras. Además, advertimos de que no dejaremos de reivindicar nuestros derechos con todos los medios legales a nuestro alcance, incluida la convocatoria de huelga general en la Administración de Justicia”.
