Se aprueba en segunda vuelta el proyecto de ley que reformará la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo al aprobar el reconocimiento expreso de la compatibilidad entre el empleo y las prestaciones del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, destacó en rueda de prensa cómo esta modificación "favorecerá el acceso al empleo de muchas personas con discapacidad". Puso un ejemplo claro: un joven con parálisis cerebral que actualmente debería renunciar a su plaza en un centro ocupacional si encuentra un trabajo de tres horas en una panadería, ahora podrá "compatibilizarla" sin problemas.
Hasta ahora, muchos beneficiarios del SAAD se veían obligados a elegir entre el empleo y las ayudas esenciales para su autonomía, lo que generaba un desincentivo al trabajo y dificultaba sus proyectos de vida. La pérdida de plazas en centros ocupacionales era una de las consecuencias más frecuentes, y su recuperación posterior, un verdadero quebradero de cabeza.
Con la nueva ley, cuando una persona reciba una oferta de empleo o unas prácticas formativas, podrá mantener su plaza en el centro durante el tiempo necesario para valorar la continuidad del puesto de trabajo. Esto, según el ministerio, garantizará una transición segura hacia el empleo y evitará que aceptar una oportunidad laboral signifique renunciar a recursos fundamentales.
Bustinduy recalcó que este proyecto de ley "viene a consolidar el derecho de todos a ser cuidados y atendidos con calidad". Las claves, según el ministro, son "más derechos, más servicios, menos burocracia y accesibilidad universal". La norma es un desarrollo directo del nuevo artículo 49 de la Constitución, modificando la Ley de Discapacidad para reconocer derechos fundamentales como la accesibilidad universal, que podrá exigirse en cualquier instancia.
Para ello, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará intervenciones necesarias como la instalación de rampas o la creación de QR de audiodescripciones.
La reforma también pone el foco en las mujeres con discapacidad, garantizando su salud sexual y reproductiva, y en los niños y niñas con discapacidad, fomentando el desarrollo infantil a través de servicios de atención temprana. Además, se exigirá la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural, con medidas físicas y cognitivas como la lectura fácil y los pictogramas.
El proyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que obligará a las administraciones a ofrecer ayudas económicas para obras de accesibilidad en edificios de viviendas, y a las comunidades de vecinos a solicitarlas si un residente lo pide. Se rebaja del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad.
En cuanto a la burocracia, la reforma agilizará los procesos administrativos: se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a quienes se les asigne un grado I en el SAAD, y las personas con grados II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Aquellos que lo deseen, podrán solicitar una valoración individualizada para obtener un grado mayor.
