Distintos colectivos feministas de Castilla y León han comenzado a coordinarse para afrontar luchas comunes como, en este caso, el aborto en la Sanidad Pública, según ha explicado la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Sanidad Pública en Castilla y León, por lo que ha solicitado información a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en hospitales públicos y clínicas privadas, ya que” según el último informe del Ministerio de Sanidad, en Castilla y León prácticamente la totalidad de los abortos son canalizados hacia clínicas privadas”.
Asimismo, la plataforma ha enviado también una carta al Observatorio de Salud de las Mujeres para que esté al tanto de esta solicitud de información enviada a la Consejería y para pedirle que realice una inspección sobre el hecho de que existan tantas derivaciones a las clínicas privadas en la práctica de los IVE de esta Comunidad.
En concreto, han solicitado el número de abortos de mujeres de la Comunidad practicados por la Sanidad Pública de Castilla y León canalizados a las clínicas privadas, en qué hospitales públicos de la Comunidad se realizan IVE y de qué depende que la usuaria sea derivada a una clínica privada y los convenios con las clínicas privadas a las que se derivan muchas interrupciones.
“Consideramos que la Consejería de Sanidad debería replantearse la actual distribución de las interrupciones voluntarias y permitir que las mujeres que así lo deseen puedan acudir al hospital público más próximo para abortar”, han señalado.
Por otra parte, la plataforma ha explicado que este viernes, 28 de septiembre, se celebra el Día Internacional por el Derecho del Aborto y, por ello, “los colectivos saldremos a las calles para reivindicar el derecho de todas las mujeres a decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción”.
En este sentido, el Movimiento Feminista de Salamanca ha aprovechado la fecha para denunciar "los riesgos que corren las mujeres que tienen que recurrir a los abortos clandestinos". "Cada año mueren alrededor de 68.000 mujeres por complicaciones derivadas de estas intervenciones", han señalado y han explicado que "estos datos afectan principalmente a mujeres empobrecidas que no tienen recursos para abortar en otros países". "Todo esto no puede seguir sucediendo. Consideramos, además, que nuestro cuerpo es solo nuestro y la Iglesia no tiene derecho a opinar y presionar sobre nuestro derecho a la vida", han subrayado.
Por último, el Movimiento Feminista ha manifestado su preocupación profunda por "la deriva conservadora que están promoviendo algunos partidos políticos en España, y que busca reducir nuestros derechos reproductivos. No podemos volver a los años 80 y no lo vamos a permitir".
