Los interinos se han propuesto luchar contra la “situación fraudulenta” de los empleados públicos de carácter temporal de larga duración. Así, desde la Plataforma de Interinos, que reúne a diferentes asociaciones de este colectivo de todos los ámbitos de la Administración Pública, ha anunciado la puesta en marcha una denuncia masiva, vía telemática y gratuita ante la Comisión Europea, “con el fin de que Europa se haga eco de la situación, declarada por el propio TJUE en fraude de ley, y obligue a España a que adopte las medidas adecuadas para solucionar este grave problema laboral conforme a las directrices de la CE”.
Así lo han detallado en una nota de prensa en la que han denunciado el “abuso continuado de contratos temporales para cubrir puestos permanentes, consideradas por el TJUE contrataciones en fraude de ley”, un hecho que según ha explicado el colectivo ha supuesto una sanción por parte de la Unión Europea al Estado español por incumplimiento de la normativa comunitaria de 100.000.000 de euros.
“El Estado español pretende evitar esta la multa millonario con el ‘Acuerdazo’, que en tres años reducirá al máximo el número de interinos sustituyéndolos por funcionarios de nuevo ingreso, mucho más baratos dado que no hay que pagarles trienios por el tiempo de servicios prestados durante años y que va a suponer el mayor ERE en España promovido por el Gobierno y los sindicatos”, han recalcado refiriéndose al acuerdo firmado entre el Gobierno y los Sindicatos CCOO, CSIF Y UGT, el 29 de marzo de 2017 denominado Plan para la mejora del empleo público al que el colectivo considera un “tongo en toda regla”.
Este acuerdo, según el colectivo, se firma ante la obligación impuesta a España por la UE de reducir la temporalidad en la Administración Pública, en base a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de Estado de 28 de junio y su el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.
“El Acuerdazo va a dejar en la calle sin ningún tipo de derecho aproximadamente a unos 500.000 empleados públicos, y dado que la Administración lleva muchos años realizando estas malas prácticas, la mayoría superan los 40 años, tienen cargas familiares y van a quedar totalmente desprotegidos”, han denunciado desde la plataforma, que han asegurado que los sindicatos firmantes del acuerdo “nos han vendido” y el Gobierno “pretende evitar su responsabilidad creando un problema de incalculable dimensiones”.
