La Plataforma Social de Castilla y León ha denunciado que la Junta “ha implantado un modelo de atención a la dependencia de bajo coste, haciendo recaer en las familias la financiación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la parte que la misma no aporta”.
Así lo asegura a través de un comunicado, en el que analiza el XXIV dictamen del Observatorio de la Dependencia sobre Castilla y León. En este sentido, cree que la Junta “no aprovecha el incremento de financiación que llega a través del Plan de Choque del Gobierno para reducir la aportación de las familias” y mencionó que en los años 2021 y 2022 la aportación estatal se incrementó en 105,8 millones de euros, mientras la Junta, esos mismos años, “redujo su aportación en 48,4 millones”. “Si hubiera mantenido su aportación habría más dinero para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia”, comentó.
A pesar de la nota que concede el Dictamen del Observatorio, y a medida que se han ido incorporando nuevos indicadores “más relacionados con la calidad que con la cantidad”, cree la Plataforma que la nota de Castilla y León “baja, como por ejemplo, cuando se evalúa el número de horas que se concede a cada beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)”.
En cuanto a lo referido a las cuantías económicas que se concede a las personas que tienen la PECEF (prestación económica de cuidados en el entorno familiar), son “menores que la media de España”.
A juicio de esta organización, “obtener la máxima nota de todas las comunidades autónomas no significa que sea la que mejor gestiona la dependencia” y cree que “existen indicadores en los que el criterio para clasificarles requeriría como mínimo una reflexión”.
Esta organización valora a las autonomías que tienen instalado un sistema de información en tiempo real para el seguimiento de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia y aseguró que es “positivo que todas las personas puedan conocer cómo se encuentra la tramitación de su expediente”, si bien afeó que la persona que formula la solicitud “debe acceder a la información a través de su certificado digital”, una herramienta con la que no cuentan muchas personas mayores.
