El Colegio de Podólogos de Castilla y León quiere trasladar a la población castellanoleonesa que sus profesionales sanitarios atenderán todas las urgencias podológicas siempre que puedan garantizar la seguridad de los pacientes y los profesionales. Se consideran urgencias podológicas los procesos infecciosos, manejo y cura de heridas en pacientes de riesgo (diabéticos, oncológicos...) y pacientes postquirúrgicos, así como el tratamiento de procesos inflamatorios y traumatismos agudos. Así se lo han hecho saber a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, junto a otros seis colegios sanitarios, ante la grave crisis sanitaria que atraviesa el país, tras ser confirmado este domingo como colectivo incluido dentro de los servicios esenciales.
Estos tratamientos urgentes se llevarán a cabo en aquellas clínicas castellanoleonesas que puedan garantizar las medidas de protección necesarias y la no propagación o contagio del COVID-19. Antes de prestar el servicio de urgencia, los podólogos realizarán un triaje previo telefónico para filtrar las consultas y asegurarse que realmente se trata de una urgencia. Asimismo, se realizará la anamnesis previa en búsqueda de posibles síntomas del coronavirus.
El Colegio de Podólogos de Castilla y León ha pedido a sus casi 300 colegiados que atiendan únicamente aquellos tratamientos que, por su carácter urgente, no puedan ser pospuestos. Se trata de hacer prevalecer el bien común de reducir la movilidad de la población y evitar desplazamientos innecesarios. Asimismo, el Colegio de Podólogos ha recomendado el cierre de aquellas clínicas que no puedan garantizar las medidas y exigencias para asegurar una asistencia sanitaria sin riesgos para el paciente o los profesionales. Es el caso de los centros que no disponen de los equipos de protección individual (epis) necesarios, que son la mayoría, debido a la situación de desabastecimiento y a que muchos decidieron donarlos a la Sanidad pública.
El Colegio de Castilla y León se ha puesto en contacto con los proveedores habituales de epis, que han manifestado la imposibilidad de proporcionarlos. En otras circunstancias, para poder mantener las clínicas abiertas y atender las urgencias, se requeriría a la Administración que facilitase los mecanismos para obtener estos equipos de protección, pero a la vista de la situación en la que están los compañeros sanitarios en los hospitales, arriesgando sus vidas, sería una inmoralidad y una falta de ética realizar esta petición.
Como profesionales sanitarios, los podólogos asumen la responsabilidad de ser un servicio esencial para la sociedad, si bien instan a la Junta de Castilla y León a que pida al Gobierno de España que regule la situación. Los podólogos solicitan que las clínicas que no pueden continuar con su actividad con garantías de seguridad para sus pacientes y profesionales puedan acogerse a los mismos beneficios económicos que el resto de empresas y profesionales obligados a cerrar por fuerza mayor. El Colegio castellanoleonés, se pone a total disposición de las autoridades sanitarias para colaborar activamente en la superación de esta pandemia y en la mejora de la recuperación y bienestar de los pacientes.
