Después de que se haya hecho público que el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, así como Isabel Sánchez González y el PP de Salamanca como persona jurídica, tendrán que declarar como investigados por un presunto de delito de financiación ilegal, el grupo político salmantino ha querido salir al paso con un comunicado.
En el precisa que han tenido conocimiento “de la Resolución del Juzgado de Instrucción nº2 de Salamanca dictada en el día de hoy, y publicada con carácter inmediato por un medio de comunicación. Ante dicha Resolución el Partido Popular de Salamanca quiere manifestar, en primer lugar, su disposición total y absoluta a colaborar con la justicia para facilitar su labor. Igualmente es necesario recalcar que la citación a declarar como investigados de personas concretas no supone en ningún caso un pronunciamiento judicial de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna”.
Del mismo modo, en el comunicado han querido recordar que “este procedimiento es una denuncia anónima, secundada por un partido político (Los Verdes-Foro de Izquierdas) que ha actuado como acusación popular. Por lo tanto, el carácter de este proceso tiene un interés de causar un daño político por parte de un adversario que no ha logrado su objetivo en las urnas”.
Por otro lado, el PP de Salamanca ha recalcado que el proceso es algo interno de un partido político. “En ningún caso tiene que ver con la administración pública, sino que se refiere a un proceso de participación interno de un partido”. Además, en el comunicado se ratifica que “la actuación realizada por todos sus cargos ha respetado siempre la legalidad vigente. Por lo tanto, tenemos plena confianza en que, tras las investigaciones por parte de la justicia, este caso sea archivado”.
Por último, el PP de Salamanca ha querido volver a destacar la inocencia de los miembros que llevaron a cabo el proceso, que fue “totalmente legal y que consistió en pagar cuotas de afiliados para ponerles al corriente de pago y que, de este modo, pudiesen participar en el proceso de primarias que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017. El pago de deudas (cuotas) de terceros está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca”.
“Exclusivamente para el pago de estas cuotas, cargos y afiliados del Partido aportaron dinero de su bolsillo, de forma voluntaria y desinteresada, en un ejercicio de colaboración entre compañeros. Se pretendía hacer más democrático y abierto el proceso y que un número mayor de afiliados pudiesen participar y votar de forma libre, como así fue en realidad. El importe total de dichas aportaciones fue destinado a tal fin. Nada de lo actuado hasta ahora en el proceso de investigación judicial abierto sobre el asunto ha desmentido lo señalado”, concluye el comunicado de prensa emitido en la mañana de este miércoles por el propio Partido Popular de Salamanca.
