La portavoz de Justicia del GPP y diputada del PP por Salamanca, María Jesús Moro, ha reivindicado este miércoles en el Congreso la labor precursora del PP en el impulso a una modificación “en una ley central respecto a la Justicia en España”, como es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que pretende propiciar una configuración del mismo “en la que todos se sientan mejor representados”.
En su intervención en la Comisión de Justicia con motivo de la conclusión de la tramitación de dicha reforma, la diputada popular ha señalado que “el resultado final responde al trabajo parlamentario a partir de una Proposición de Ley Orgánica presentada por el GPP para resolver cuanto antes la recuperación de derechos, que ya se había producido en el resto de las Administraciones Públicas, por tener que hacerse a través de modificación de la LOPJ”.
“La conjunción de fuerzas de distinto espectro político en el trabajo de remodelación creemos que es la senda correcta para hacer efectivo un órgano de gobierno de otro poder del Estado que encuentra su legitimidad democrática en la soberanía popular, como es el Poder Judicial”, ha indicado.
“Hemos tenido que superar vicisitudes múltiples, desde la voladura de un trabajo parlamentario en Subcomisión hasta un cambio de Gobierno, pero debemos poner en valor algo que se cita mucho, pero en lo que no se cree y nosotros estamos demostrando que sabemos hacerlo y es posible: el trabajo paciente y el acuerdo parlamentario anteponiendo lo fundamental a lo accesorio, lo que une frente a lo que separa, la voluntad de avanzar frente a la resistencia al cambio, en definitiva, el objetivo que no es otro que el de contribuir desde el Parlamento, cumpliendo con nuestro deber y función, a reformas normativas que ayuden a la mejora de nuestra Justicia, como las condiciones de sus profesionales, los instrumentos, los procedimientos y los cauces que incrementen la confianza y la credibilidad”, ha explicado.
Las modificaciones acometidas en esta reforma se reparten en tres grandes bloques. De un lado, “se incorporan demandas profesionales, como la recuperación de derechos profesionales, disposiciones de adaptación rápida para variaciones futuras y compensación del tiempo siempre imprevisto de tramitación de una ley”. “Se incorporan también demandas de organizaciones internacionales, como el grupo GRECO, para alcanzar mejores niveles de percepción de independencia judicial”, ha seguido detallando.
En segundo lugar, se propicia “la progresiva adaptación a la transformación imparable de la Administración de Justicia”.
Y, en tercer lugar, se impulsa “la modificación de organización del CGPJ, con un mayor peso del Pleno, impulsando a la consecución de la paridad propia de la actual configuración de la carrera judicial-fiscal, de los operadores jurídicos en general, dedicación exclusiva de los vocales, mayor cercanía a los problemas de los territorios y una relación más fluida con esta Cámara”.
Moro ha lamentado que los grupos no hayan acabado respaldando la supresión del llamado magistrado autonómico, a propuesta del PP: “No hemos encontrado apoyo suficiente en la Ponencia para cumplir con una demanda de la carrera judicial a través de sus asociaciones, los jueces decanos; o bien de los observadores internacionales en materia de independencia judicial”. “Este planteamiento devuelve a criterios generales de acceso y nombramiento a todos los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia”, ha añadido al respecto.
