El Partido Popular de Castilla y León ha presentado este miércoles las 294 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 que sus parlamentarios en el Congreso de los Diputados registraron en las Cortes Generales y que, con una cantidad consignada de 767,84 millones de euros, pretenden incrementar para la Comunidad unas cuentas estatales “falsas, adulteradas y manifiestamente mejorables”, con partidas que se centran, principalmente, en inversiones que culminen autovías y redes ferroviarias de Castilla y León.
Así, en relación a las vías férreas, el PP pide al Gobierno que destine 10 millones de euros para reabrir el túnel de Somosierra con el que impulsar el tren directo entre Burgos y Madrid, otros 3,5 millones para avanzar en la redacción del proyecto para unir por alta velocidad a Burgos con el País Vasco, 10 millones para la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro y cuatro millones más para el soterramiento del tren en Valladolid.
En cuanto a las autovías, las enmiendas incluyen seis millones de euros para la A-60 entre Valladolid y León, con cinco millones para el tramo vallisoletano y uno para el leonés; 18 millones para la A-11 entre los 15 para las obras del tramo mayor, entre Langa de Duero y Aranda de Duero, con el proyecto ya redactado y el trazado aprobado, y los más de 2,5 solicitados para rehacer el proyecto entre Aranda de Duero y Quintanilla, ya en la provincia de Valladolid; y 10 millones más para dos tramos de la autovía del Camino de Santiago en la provincia de Burgos. Además, se incluyen en estas partidas actuaciones en la ronda de Buenos Aires de Salamanca, en la reparación del viaducto de la A-6 en la conexión entre León y Galicia y en la AP-6 entre Segovia y Madrid.
El detalle de estas actuaciones solicitadas fue enunciado por el vicesecretario de Acción Parlamentaria del Partido Popular, el burgalés Javier Lacalle, que en declaraciones recogidas por Ical apuntó que se trata de 294 enmiendas “realistas” en las que no se ha tratado de “pedir por pedir”, sino aquello que entienden que “se puede invertir el próximo año en las provincias” desde el “rigor” frente a otras formaciones que “hacen enmiendas de campanario”.
Por ello, apuntó que las propuestas populares tratan de mejorar las infraestructuras de la Comunidad en materia viaria y ferroviaria frente a un Gobierno socialista que permite que “no haya un solo kilómetro operativo de la A-11 en el tramo central, que tiene paralizada la autovía del Camino de Santiago” y que, en conclusión y según Lacalle, demuestra que “los Sánchez, presidente y ministra, nos tienen manía”.
No obstante, Lacalle mostró su confianza en que los parlamentarios del PSOE en el Congreso de los Diputados apoyen algunas de las enmiendas presentadas por el PPCyL, principalmente las referentes a las autovías, ya que “es imposible explicar a los vecinos de Soria, el sur de Burgos y Valladolid que no hay un solo euro para avanzar en todo el eje del Duero”, o a los del norte de la Comunidad que no se finalizan los tramos de la autovía del Camino de Santiago cuando “une Galicia con Cataluña y vertebra el centro de España y el Cantábrico”.
“Esperamos que estas partidas, fundamentales, se lleguen a aprobar, porque sino, cuando no se licite el año que viene, la ministra dirá que es porque no hay partida en el presupuesto”, concluyó Lacalle, que llamó a “poner el remedio” ahora con la perspectiva, además, de que en 2024 no haya Presupuestos Generales del Estado por la convocatoria de elecciones, por lo que la inexistencia de partidas para las obras mencionadas dejaría estas infraestructuras y, con ello, a la Comunidad autónoma, “hipotecada dos años más”.
61 millones no provincializadas
Por su parte, el coordinador de los diputados de la Comunidad en el Congreso, el vallisoletano José Ángel Alonso, detalló las enmiendas no provincializadas presentadas dentro del paquete de 294 medidas registradas por el PPCyL, que tratan de “compensar el castigo” que suponen para Castilla y León los Presupuestos Generales del Estado para 2023 bajo la premisa de que “si hay una regla matemática en la política española, es que cuando el PSOE está en La Moncloa, a Castilla y León le va mal”.
En ese sentido, las enmiendas no provincializadas presentadas por el PPCyL ascienden a nueve, por un valor de 61 millones de euros, entre las que se incluye el estudio e implantación de parques agroalimentarios en territorios rurales despoblados (4,5 millones de euros), la transformación de las oficinas de Correos en oficinas multiservicios en los pueblos que incluyan cajeros o sirvan para la venta de billetes (9 millones de euros), la rehabilitación de monumentos que se encuentran en la lista roja del patrimonio, o facilitar enlaces de fibra óptica a todos los municipios en zonas consideradas ‘blancas’ o ‘grises’, es decir, infraconectadas (6,3 millones de euros).
También se estipula la rehabilitación de las antiguas estaciones de Renfe en el mundo rural (9 millones de euros), un plan de apoyo a la dinamización turística de la Comunidad (11,7 millones de euros), la restauración y construcción de viviendas singulares tradicionales en el mundo rural (9 millones de euros), indemnizaciones a las pérdidas del cambio de criterio de la CHD para la plantación de chopos, y un plan de apoyo al comercio en los pequeños municipios, en un momento en el que la inflación “afecta a las familias y al consumo”.
Igualmente, aunque entre las provincializadas, Alonso desveló que el PPCyL solicita entre sus enmiendas un millón de euros para la Ciudad de la Justicia de Valladolid, tras los “engaños del alcalde” de la capital vallisoletana, Óscar Puente, al que pidió “apoyo” para esta enmienda a través de una misiva frente a la postura de la ministra del ramo que “solo viene a hacerse fotos en un photocall”.
Necesidades “defraudadas”
La presentación de las enmiendas fue presentada inicialmente por el secretario general de la formación ‘popular’ en la Comunidad, Francisco Vázquez, que en declaraciones recogidas por Ical, calificó como “falsas, adulteradas y manifiestamente mejorables” las cuentas presentadas por el Gobierno para 2023 bajo la opinión “no solo de las diferentes fuerzas políticas, sino de organismos independientes como el Banco de España, la AIReF, el BBVA o el Instituto de Empresa”.
“Son unas cuentas decepcionantes para la Comunidad”, continuó esgrimiendo Vázquez, que recordó en ese sentido la postura de “destacados socialistas de Castilla y León, como los alcaldes de León y Valladolid, que han manifestado su decepción por los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023” al ser unas cuentas que suponen “un desprecio por parte del PSOE a Castilla y León” con una inversión media de 414 euros frente a los 1.000 de media nacional.
“Las necesidades de Castilla y León están siendo defraudadas por parte del Gobierno del PSOE”, concluyó Vázquez, que pidió al secretario autonómico socialista, Luis Tudanca, que pida a a los diputados nacionales de su partido que “voten en contra de los Presupuestos Generales del Estado” porque “perjudican a nuestra Comunidad”.
En la misma línea, Javier Lacalle exigió a los parlamentarios socialistas que “están llorando por las esquinas por este presupuesto” que apoyen las iniciativas presentadas hoy por el Partido Popular: “Menos lloriqueos y más decidir y apretar el botón la próxima semana cuando se empiecen a debatir estas enmiendas”.
