El 80% de las mujeres con adicciones con sustancia son víctimas de algún tipo de violencia y un 70% en el caso de adicciones sin sustancia, juego u otras problemáticas más comportamentales. Así lo ha explicado Elisabeth Ortega Suárez, vicepresidenta de UNAD, la red de atención a las adicciones a nivel estatal, que asegura que estos porcentajes nacionales se trasladan, de manera muy similar, en la provincia salmantina y su comunidad autónoma.
Cifras de este calibre fueron las que impulsaron en el año 2023 la creación de la comunidad Generadora de Saberes, Participativa y Social (GPS), que tiene correspondencia en Salamanca y ha presentado este martes en el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca la primera Guía de Recursos para la atención a mujeres con adicciones víctimas de violencia de género en el territorio.
Esta iniciativa forma parte del proyecto impulsado por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, en distintos territorios del país, con el objetivo de abordar los casos de violencia de género y adicciones “de una manera pionera e innovadora a través de la coordinación y la colaboración de agentes sociales procedentes de diversos ámbitos”. Así, esta herramienta recoge y organiza los servicios y dispositivos disponibles en el territorio para mejorar la intervención y la coordinación entre profesionales.
Para ello, la publicación incluye un mapeo detallado de las organizaciones y entidades que participan en el proyecto, los servicios específicos que ofrecen y las características de estos, como la duración de la ayuda, la posibilidad de derivación a otros recursos o la forma concreta en la que intervienen.
En el acto de presentación, que ha tenido lugar a las 9:30 horas de este martes en la Universidad de Salamanca, han intervenido la concejala de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Salamanca, María de la Vega Villar Gutiérrez; y la vicepresidenta de UNAD, Elisabeth Ortega Suárez, quienes han destacado la importancia de la coordinación institucional y del trabajo en red para ofrecer una atención integral a las mujeres que afrontan simultáneamente situaciones de violencia de género y adicciones.
Por su parte, Elisabeth Ortega Suárez ha apuntado que esta guía, dirigida a profesionales, administraciones públicas y ciudadanía, pretende mejorar la articulación entre servicios y contribuir a ofrecer respuestas más integrales, accesibles y ajustadas a la realidad del territorio y de las mujeres que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Esta desprotección se enfatiza, además, porque “la atención en adicciones está más preparada asistencialmente a la realidad de los hombres y por lo tanto las mujeres tienen más dificultades”.
La instantánea en Salamanca: un escenario "muy variopinto"
En Salamanca, la puesta en marcha de la comunidad GPS contó con el apoyo inicial del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la propia USAL y de la asociación Nueva Gente, como entidad catalizadora, a las que posteriormente se unieron otras organizaciones, además de distintos servicios públicos del ámbito social, sanitario y policial. En este sentido, Pilar Sánchez Arroyo, integrante de Nueva Gente y catalizadora de la comunidad GPS en Salamanca, ha definido el panorama salmantino de “variopinto”.
“Me encuentro con niñas de 12 años que son víctimas de violencia y tienen adicciones, e incluso se prostituyen para conseguir el dinero y poder consumir”, explica Sánchez, que añade que, por otro lado, existen mujeres de más de 50 años “que llevan una trayectoria increíble de sufrimiento, que se han refugiado muchas veces en la adicción”.
Con esta situación, “esta iniciativa ayudará a conseguir precisamente respuestas más ágiles”: “Faltaba esta coordinación y esa agilidad en la respuesta a las mujeres con adicciones, porque existen una serie de estigmas asociados a las propias adicciones y parece que nos olvidamos que al final una mujer con adicción o sin adicción es víctima también”, explica Ortega.
Tal y como informad desde UNAD, el proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad, y se enmarca dentro de la estrategia de la entidad para mejorar la atención a mujeres con adicciones víctimas de violencia de género a través del trabajo en red y la coordinación territorial.
