A partir de este mismo viernes, el sistema judicial español actuará de forma mucho más severa para combatir la delincuencia patrimonial.
Se trata de una nueva reforma del Código penal que marca un punto de inflexión en la lucha contra la multirreincidencia, estableciendo penas de entre uno y tres años de prisión para aquellos delincuentes que acumulen al menos tres condenas firmes por hurtos o delitos menos graves.
Esta modificación pretende dar carpetazo a la sensación de impunidad que rodeaba a los hurtos leves, transformando lo que antes solían ser sanciones económicas en penas privativas de libertad que podrían suponer el ingreso efectivo en prisión.
La nueva arquitectura penal pone un foco especial en la seguridad ciudadana diaria, endureciendo de forma específica el castigo por el robo de dispositivos móviles, que podrá ser penado con hasta tres años de cárcel.
Además de los delitos contra el patrimonio, la reforma extiende su alcance hacia el crimen organizado y el narcotráfico. Se ha tipificado de forma rigurosa el llamado "petaqueo", esto es el suministro de combustible a narcolanchas, con penas de tres a cinco años, y se han introducido castigos de hasta 18 meses de prisión para quienes defrauden fluido eléctrico con el destinado al cuidado de cultivos ilegales de marihuana.
