El pasado 14 de marzo, todas nuestras vidas cambiaron. Ya no por la pandemia que estaba comenzando a asolar España -que también-, sino por el decreto de un estado de alarma que, por primera vez en la historia reciente, confinaba a todos los españoles en sus hogares de manera obligatoria.
Sin embargo, al ser un estado de alarma ‘anunciado’ y que no entraba en vigor hasta las 00 horas del día 15, muchas personas desplazadas por todo el territorio nacional aprovecharon tanto ese sábado como toda esa semana para volver a sus hogares habituales.
El mejor ejemplo fue Salamanca. Ciudad universitaria donde las haya y con un gran porcentaje de emigración juvenil, a lo largo de toda esa semana tuvo un trasiego de idas y venidas de jóvenes que, o bien venían de sus lugares de trabajo o estudio a casa de sus padres o bien se marchaban a sus casas aprovechando que tanto la USAL como la UPSA suspendieron sus clases -el 12 de marzo-.
Pero esas marchas han provocado en muchos casos un problema que tiene difícil solución. Y es que muchos de los jóvenes que se fueron a sus hogares decidieron dejar de pagar los pisos en los que viven en la ciudad charra a lo largo del año. Los famosos ‘pisos de estudiantes’ que, ahora, se han vuelto un contratiempo para los arrendadores e incluso para los arrendatarios.
Campaña en redes sociales que animaba a no pagar el alquiler
Ese mismo fin de semana, en redes sociales comenzó a moverse una campaña para no pagar pisos de estudiantes, colegios mayores u otros alojamientos que los jóvenes arrendan durante el año académico. La idea era reclamar que, durante el tiempo que durase el estado de alarma -que ha terminado siendo todo el curso-, no se tuviese que pagar por unos servicios que, según ellos, no iban a disfrutar.
Sea como fuere, por esta campaña o por otra, muchos estudiantes que alquilaron un piso en Salamanca dejaron de pagarlo, dejando deudas muy grandes, puesto que acumulan entre tres y cuatro meses sin abonar la cuota correspondiente -de abril a junio todos aquellos que pagan a principio de mes y marzo incluido los que pagan a finales-.
Así lo confirman desde una inmobiliaria especializada en el alquiler a estudiantes a SALAMANCA24HORAS. Uno de los gestores de la misma relata que, desde finales de marzo y a principios de abril, no han dejado de recibir quejas tanto de arrendadores que no cobran como de arrendatarios que quieren que se les devuelva la fianza que depositaron a principios de curso.
En algunos casos, pero en muy pocos, se ha llegado a un acuerdo, explican desde la inmobiliaria. Sin embargo, en la mayoría de situaciones hay un desencuentro entre propietario e inquilinos -ya que normalmente es un grupo de jóvenes el que alquila el piso- que podría llegar a terminar en el juzgado.
Sin devolver las llaves y con sus cosas dentro “porque salieron de un día para otro y están patas arriba”
Pero no sólo los dueños se plantean el acudir a un juzgado, sino también los inquilinos. Y es que muchos reclaman la fianza que depositaron al inicio de curso, pese a que, por el momento, no han devuelto las llaves y, además, muchos de ellos tienen todos sus objetos personales dentro -como ropa o muebles que ellos llevan- y quieren volver a recuperarlo.
Si bien esto último -lo de recuperar sus cosas- es totalmente lícito, no lo es que hayan dejado de pagar el alquiler. O al menos así lo consideran tanto los arrendadores como desde la inmobiliaria, que recuerdan que “si yo me comprometo a pagar un crédito con un banco, aunque yo no haga uso de ese crédito, tengo que seguir pagándolo. Pues esto sería parecido”.
En cambio, valoran que el alquiler de pisos se ha convertido en un “mercado persa” en el que cada inquilino decide hacer lo que le apetece y exigir renegociar unas condiciones acordadas el verano anterior. Y es que los contratos de estudiante suelen ser contratos de temporada por el que se alquila un piso del 1 de agosto al 30 de junio, lo que implicaría, según indican fuentes jurídicas a SALAMANCA24HORAS, que no se regiría por la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).
Es decir, si bien en un alquiler normal, avisando con 30 días de antelación por parte del arrendatario, el mismo puede abandonar el piso, en un contrato temporal no, sino que hay que pagar por el tiempo acordado -tal y como sucede con una vivienda turística o vacacional-. Sin embargo, estas mismas fuentes jurídicas señalan que si el contrato fuese de un año o sin duración y, por ende, se enmarcase en la LAU -algo que muchos propietarios hacen, condonando un mes para que parezca de temporada-, sí que podría abandonarse el inmueble “pero siempre avisando con un mes de antelación que, además habría que pagar”.
Sea como fuere, el problema es que la gran mayoría de estudiantes abandonaron el piso pensando que sería unas semanas, dejando todas sus cosas dentro “porque salieron de un día para otro” y las viviendas "patas arriba" y se negaban a pagar al creer que todo iba a durar un mes, no tres, como finalmente será.
Acuerdos con muchos estudiantes que negociaron o cuyas familias se vieron afectados directamente por la pandemia
De hecho, un porcentaje de los jóvenes sí que se comunicaron con los propietarios, exponiéndoles la situación, puesto que muchos de ellos se vieron directamente afectados por la pandemia, ya fuera perdiendo el trabajo que tenían aquí -una cantidad alta se emplea en la hostelería durante el curso para pagar sus facturas- o siendo sus familias las que entraban en ERTE.
“Con todos los que han querido negociar, se ha llegado a un acuerdo”, apuntan desde la inmobiliaria, recalcando que esa cifra ha sido más bien baja. Eso sí, todos los que llegaron a un acuerdo amistoso se marcharon devolviendo las llaves y dejando sus cosas recogidas, por lo que el piso “está para entrar a vivir”.
No es el caso de aquellos que se niegan a pagar. “Algunos sí que nos han dicho que es que sus padres se han visto afectados por ERTEs, pero muchos mienten porque sus padres son profesores o banqueros, ya que hablamos con ellos cuando vienen buscando piso”, señalan desde una inmobiliaria a este medio.
Además, lo curioso, según indican, es que otros tantos que ahora se niegan a pagar decidieron hacerlo a mediados de abril, cuando supieron que el curso no se iba a reanudar, si bien ese mes todavía no lo habían abonado en la gran mayoría de los casos. “Las condiciones siempre se comunican a principios de curso y, si el 18 de marzo tú entras en una situación extraordinaria, pues se puede hablar. Pero no puedes pretender cambiar las normas del juego a finales de abril o en mayo porque a ti te convengan”, valoran.
Además, también apuntan que el piso, aunque no se esté viviendo en él, se sigue usando, puesto que reiteran que “tienen sus cosas dentro” y no han devuelto las llaves al dueño, por lo que el mismo no puede hacer uso y disfrute de su vivienda. En definitiva, “a todos los efectos, sigue arrendada”.
Y, de igual manera, reflejan que lo único que aprobó el Gobierno respecto a los alquileres fue una moratoria en el pago, y no una exención del mismo. “Si hubiera un Decreto-ley que estableciera que los estudiantes pueden irse sin pagar, pues a los propietarios no les quedaría otra que aceptarlo. Pero no lo hay”, valoran.
Deudas de varios miles de euros… a lo que habría que añadir la reclamación de la fianza
Otro de los hechos que se relatan a este periódico es que, en la gran mayoría de los casos que esta inmobiliaria conoce, la deuda es de “varios miles de euros”, ya que suelen ser pisos situados en zonas céntricas, de varios arrendatarios -tres o más por piso- y con varios meses a pagar -de marzo o abril en adelante-.
Pero el asunto no queda ahí, sino que los inquilinos están reclamando ahora la fianza o señal que dejaron en su momento -normalmente, similar a un mes de alquiler-. “Nos han amenazado los padres de los jóvenes diciendo que nos van a llevar a juicio, pero eso no puede ser así”, explican desde la inmobiliaria, recordando que ni la fianza vale para pagar un mes de alquiler pero que tampoco se puede recuperar si se incumple el contrato, como ha sucedido en esta ocasión.
De hecho, duda si finalmente habrá tantos juicios como amenazas de los mismos está habiendo por parte de los inquilinos y sus progenitores, porque “la gente no va a los juzgados por 1.000 o 1.500 euros”, que sería lo que depositaron de fianza y, además entre varios arrendatarios. No obstante, no descarta nada por parte de los arrendadores, porque estaríamos hablando, en algunos casos, “de 6.000 o 7.000 euros”.
Fuentes jurídicas consultadas por SALAMANCA24HORAS reiteran que cada caso ha de tratarse de manera única según el contrato firmado pero que, a priori, al ser un contrato de temporada, se debería cumplir el arrendamiento y que, en el caso de no continuar con el mismo por circunstancias determinadas -como puede ser la pandemia-, se ha de remitir un email o carta al dueño dejando constancia del abandono, dejar las llaves en el buzón y abonar la fianza como modo de indemnización. Eso sí, en cualquier caso, emplazan a que las partes hablen y lleguen a un acuerdo.
