El Procurador del Común ha recibido quejas aludiendo a las dificultades que enfrentan los familiares de personas residentes en Castilla y León cuando se produce un fallecimiento en otro lugar del territorio nacional.
Según manifestaciones de los autores de la queja, como consecuencia de los traslados para hospitalización, accidentes u otras cuestiones, muchos ciudadanos de Castilla y León fallecen en otras Comunidades Autónomas, sobre todo en las limítrofes. Esto está suponiendo que se provoquen demoras y retrasos injustificados en el traslado de estas personas (que deben permanecer 24 horas desde el fallecimiento en el domicilio mortuorio) con el consiguiente coste emocional y económico para los ciudadanos afectados que se encuentran en una localidad ajena y absolutamente desubicados hasta que se autoriza el mismo.
A este coste social se añade el coste económico motivado por el propio desplazamiento y también el derivado de la eventual presión que sufren los familiares para lacontratación de los servicios por parte de las empresas funerarias situadas en el lugar de la defunción, en detrimento de su funeraria local o de confianza.
Ante ello, los autores de la queja consideran que la Administración autonómica debe impulsar medidas o firmar convenios que permitan agilizar todos estos trámites, en garantía de los derechos de todos, sobre todo en los supuestos de los traslados que no entrañan ningún riesgo sanitario.
En este sentido, el Procurador del Común informa que el Gobierno regional ha actualizado el régimen autonómico en materia de traslados de cadáveres al sustituir la autorización previa por un régimen de comunicación en cumplimiento de las prescripciones establecidas en materia de reducción de cargas y trabas administrativas, pero esta modificación no afecta a la situación de espera para traslados.
La Consejería de Sanidad ha comunicado al Procurador del Común que apuesta por conseguir una mejor coordinación de las normas de policía sanitaria y mortuoria en todo el ámbito nacional y por la reducción de los tiempos de espera para el traslado de los cadáveres desde el lugar del fallecimiento hasta el lugar de la vela y el posterior entierro.
Dada esta situación, el Procurador del Común ha pedido que se suscriban convenios específicos con las comunidades limítrofes en las que se estén planteando este tipo de cuestiones, visto que por ejemplo la Comunidad de Madrid viene permitiendo que de forma excepcional se autoricen traslados antes de las 24 horas en determinadas condiciones.
Además se solicita que mantenga la postura que ha trasladado en el informe en Grupo de Trabajo de Sanidad Mortuoria, con la finalidad de que no se impongan consideraciones sanitarias para el traslado de cadáveres que impliquen restricciones o limitaciones que no aparezcan justificadas, como el transcurso del plazo reseñado de 24 horas, que, a juicio del Procurador obedecen exclusivamente a la presencia de límites territoriales y no a razones sanitarias, favoreciendo la posibilidad de que estos traslados en zonas limítrofes puedan ser considerados conducción ordinaria de cadáveres y se permita su realización en un féretro común y los familiares del difunto puedan velarlo en su entorno más próximo.
