El Procurador del Común inició expediente de oficio tras constatar que en una de las Bibliotecas Públicas de la red de Castilla y León, en concreto, en la sala de lectura y préstamo infantil, algunos menores de corta edad, con los equipos informáticos disponibles, utilizaban juegos de un carácter violento sin matices, como, por ejemplo, los que tenían por objeto la matanza de personajes, para lo cual se contaba con la posibilidad de elegir armas blancas y de fuego de todo tipo, con la representación explícita de las consecuencias de las heridas, mutilaciones de miembros, etc.
Entre los servicios que ofrecen las Bibliotecas Públicas gestionadas por la Junta de Castilla y León, se encuentra el de Internet y ofimática, también en las salas de infantil y juvenil, para usuarios de entre 3 a 13 años, con materiales y recursos que, en todo caso, deberían ser adecuados para dichas edades.
Tras pedir información a la Consejería de la Consejería de Cultura y Turismo, esta informó que en la mayoría de las Bibliotecas se muestra de manera visible las normas de uso de los equipos informáticos, que algunos equipos cuentan con una serie de medidas de control y filtrado, así como que se suele exigir autorización de los padres o tutores para que sus hijos o pupilos menores puedan utilizar dichos equipos.
El Procurador del Común ha pedido a la Consejería que se den las instrucciones precisas para que las Bibliotecas Públicas gestionadas por la Comunidad de Castilla y León evalúen los instrumentos de control y protección con los que cuentan los equipos informáticos a disposición de los usuarios de las salas infantiles-juveniles.
Así la configuración de esos instrumentos, y los procedimientos de acceso y uso de dichos equipos, a los efectos de que se extremen las medidas que sea necesario adoptar para que, en ningún caso, los usuarios puedan acceder a contenidos inadecuados para su edad, o que no estén relacionados con las funciones que el Reglamento interno de organización de los servicios de las Bibliotecas Públicas de titularidad estatal gestionadas por la Comunidad de Castilla y León atribuye a éstas.
